El juicio del Caso Hermanísimo no comenzará hasta 2026

Un nuevo y decisivo capítulo se abre en el complejo procedimiento judicial que investiga las presuntas contrataciones irregulares en la Diputación Provincial de Badajoz con la decisión que ya te contábamos en COPE de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz de desestimar los recursos presentados tanto por la Fiscalía como por las defensas de los investigados en el Caso que se sigue contra el Hermano del Presidente del Gobierno, David Sanchez y también Miguel Ángel Gallardo, Ricardo Cabezas y otros ocho acusados, confirmando así su procesamiento y dejando la vía libre para la celebración del juicio oral. Este fallo judicial supone un mazazo para las estrategias de las defensas y consolida la tesis de la juez instructora, Beatriz Biedma, sobre la existencia de indicios suficientes de la comisión de delitos.

La trascendencia de este caso no es solo jurídica, sino también política e histórica para la institución provincial. Mañana mismo, uno de los procesados, Ricardo Cabezas, diputado de Cultura y concejal en el Ayuntamiento de Badajoz, se sentará en el banco de la oposición en el pleno municipal. Serála primera vez que alguien lo haga teniendo la condición de acusado en un juzgado. Un hecho sin precedentes, ya que, aunque ha habido otros ediles con causas pendientes, ninguno había ejercido su cargo desde el banquillo de la acusación. Este acto simboliza la excepcionalidad de un proceso que mantiene en vilo a la política extremeña.

María José Amo Gago, directora de Administrativando Abogados y experta en derecho procesal y penal, arroja luz sobre los próximos pasos. En Mediodía COPE Badajoz, nos ha explicado que, tras la decisión de la Audiencia, “los procesados tienen un plazo de diez días para presentar sus escritos de defensa y proponer las pruebas que consideren pertinentes”. Será entonces el tribunal de la Audiencia Provincial –que asume el caso tras la fase de instrucción– quien decida sobre la admisión de dichas pruebas y fije el calendario definitivo para la vista oral.

Respecto a la tan esperada fecha del juicio, Amo Gago es contundente: “En principio, no se prevé para antes de que termine este año, sino que, obviamente por la carga de trabajo de la Audiencia Provincial, se situaría ya entrado el año 2026”. Este plazo refleja la complejidad logística de un proceso con once acusados y una ingente cantidad de documentación. La experta subraya que, aunque aún caben recursos sobre la admisión de pruebas, el juicio en sí mismo ya no puede ser paralizado con nuevas maniobras dilatorias.

Los antecedentes del caso se remontan a abril, cuando la jueza Biedma acordó el procesamiento de las once personas. La tesis central del auto instructor, ahora respaldada por la Audiencia, es que el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, obtuvo en 2017 el puesto de jefe de la ya famosa Oficina de Artes Escénicas de la Diputación mediante un nombramiento “ad hoc”, creado con premura y de manera “disparatada” por presunta influencia de su hermano, entonces líder del PSOE. La Justicia desestima el argumento de la defensa que negaba dicha capacidad de influencia por la renuncia temporal de Pedro Sánchez a la secretaría general del partido.

Junto a David Sánchez y al ex presidente de la Diputación y actual secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, el caso también juzgará la contratación de Luis María Carrero, amigo de David Sánchez, para un puesto de jefe de Sección. La Audiencia considera probada una “colaboración estrecha” previa entre ambos, basándose en el análisis de correos electrónicos, y sospecha que también se creó una plaza a su medida. El diputado Ricardo Cabezas declaró que el propio Pedro Sánchez le habló de su “hermano músico” antes de la contratación.

Con las opciones de dilación prácticamente agotadas, el camino hacia el banquillo queda despejado. La Acusación Popular, ejercida por entidades como Manos Limpias, PP y Vox, solicita para los principales acusados penas de hasta tres años de prisión, inhabilitación y el reembolso de los salarios percibidos. El juicio se perfila, por tanto, como un episodio de una enorme relevancia política y mediática, cuyo desenlace, aunque lejano en el tiempo, ya proyecta una larga sombra sobre el panorama institucional de nuestra región.