La vicealcaldesa primera, Sandra Gómez ha negado taxativamente que se haya «cobrado o aprobado ningún complemento ilegal en este Ayuntamiento», y ha explicado que el baremo retributivo que funcionó el pasado mandato para toda la Corporación «es completamente legal, tal como dice el Informe de la Intervención General del Ayuntamiento de València». Dicho informe está fiscalizado de conformidad, y fue aprobado por el Pleno en 2015 con la firma del Secretario del Pleno. 

Sin embargo, para el mandato que arranca ahora, el Gobierno ha optado por «una decisión política, que nos parece la más lógica, razonable y que están haciendo el resto de ciudades de diferente color, partido y signo político de toda España», ha añadido: «y es que, lógicamente, sean los concejales que están en el gobierno y tienen la responsabilidad de gestionar, quienes tengan la dedicación total». 

Gómez ha recordado que esta situación es fruto de la aplicación de la legislación impulsada en su momento por el ministro Montoro, y ha criticado a la oposición por «intentar generar conflicto ante una situación que para ellos es incómoda», pero ha recordado que las y los ediles que tienen dedicación parcial en este Ayuntamiento «cobran el 90% del sueldo de un concejal con dedicación total, es decir, una retribución de 63.000 euros anuales». «Es este salario insuficiente para dedicarse a tiempo parcial en este Ayuntamiento?», ha concluido