El exalcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, pide su absolución en el caso Cofely negando que cometiera los delitos de corrupción que se le imputan

Seis exalcaldes han pedido en el juicio su absolución en la pieza del caso Púnica seguida por adjudicaciones de contratos millonarios a la empresa Cofely entre 2012 y 2014 supuestamente a cambio de comisiones y dádivas al negar que cometieran los delitos de corrupción de los que se les acusa.

Se trata de los exalcaldes de las localidades de Collado Villalba, Agustín Juárez, para quien la Fiscalía pide una pena de 6 años y medio; Móstoles Daniel Ortiz Espejo; Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada; Sevilla la Nueva Mario Utrilla; y Valdemoro José Carlos Boza; para quienes la Fiscalía pide penas cinco, cinco, 4 años y medio y 2 años y 3 meses de prisión, respectivamente.

Igualmente el exalcalde de Almendralejo (Badajoz) José García Lobato, que se enfrenta a una petición de las fiscales de 2 años y medio de inhabilitación.

La Audiencia Nacional ha reanudado este viernes el juicio de la pieza de Cofely del caso Púnica, que comenzó hace cinco meses y que estaba previsto que quedara ya visto para sentencia esta semana, pero no ha sido posible al alargarse los informes de las defensas más de lo previsto.

La presidenta de la Sala, María Riera, ha indicado que el próximo día 26 "acabará el juicio de todas todas".

Se sientan en el banquillo 36 acusados, entre ellos nueve exalcaldes, la mayoría del PP y de la Comunidad de Madrid, por adjudicaciones de contratos millonarios de servicios de eficiencia energética a Cofely a cambio supuestamente de comisiones y dádivas.

Las fiscales han reducido de una forma más significativa sus peticiones de condena para catorce acusados que confesaron los hechos, entre ellos tres exalcaldes de localidades madrileñas.

De esta forma han rebajado de 11 a dos años y cuatro meses de cárcel su solicitud para el exalcalde de Parla José María Fraile (del PSOE), de nueve años y medio a dos años y diez meses de prisión para el de Serranillos del Valle Antonio Sánchez del Valle (de UDMA), y de nueve años y medio a tres años y cinco meses de inhabilitación para el de Torrejón de Velasco Gonzalo Cubas (del PP).

EL ALEGATO DEL LETRADO DE JUÁREZ

Este viernes han expuesto sus informes los abogados dos de los seis exalcaldes que niegan su participación en los hechos, mientras que los que restan lo harán en la próxima sesión, aunque ya adelantaron todos su solicitud de absolución.

En concreto el letrado de Agustín Juárez, exalcalde de Collado Villalba, ha alegado que fue otro acusado que actuaba como intermediario con Cofely quien negoció una supuesta comisión de 400.000 euros si se conseguía la adjudicación a la empresa.

Igualmente ha asegurado que el procedimiento de adjudicación fue conforme a derecho y que no se han probado las supuestas presiones del entonces alcalde para que se aprobara la adjudicación ni que la presunta comisión acordada fuera para él.

Ha recordado que Agustín Juárez "no se aferró al cargo", dimitió cuando se llevó a cabo la operación Púnica en 2014 y pidió la celebración de una comisión de investigación.

Por su parte, el abogado de Carlos Alberto Estrada, exalcalde de Moraleja de Enmedio, ha asegurado que el escrito de acusación de la Fiscalía "es una historia de ficción" llena de falsedades y ha estimado que ha quedado acreditado que su representado no intervino en la confección de los pliegos de la licitación del contrato a Cofely ni influyó en estos ni procuró un trato de favor a la empresa. Y ha añadido que Estrada no pidió ni cobró comisión alguna por la adjudicación.

Según la Fiscalía, los contratos adjudicados a Cofely por los ayuntamientos investigados suman un importe superior a los 223 millones de euros para un periodo de ejecución de entre doce y quince años.

Entre los acusados que confesaron los hechos está David Marjaliza, un empresario de la construcción arrepentido que Cofely contrató como asesor comercial para que actuara como 'conseguidor' de contratos públicos, que fue socio de Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid con el Gobierno del PP que presidía Esperanza Aguirre e investigado en otras piezas del caso Púnica.

Las fiscales han rebajado su petición de pena para él de once a siete años de prisión.