Las fiscales anticorrupción del caso Púnica piden seis años y seis meses de cárcel para el exalcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez

Las fiscales han pedido en el juicio penas de dos a seis años de prisión para siete exalcaldes de la Comunidad de Madrid, cinco del PP, uno del PSOE y otro de UDMA, a los que acusan de adjudicaciones millonarias por sus ayuntamientos a la empresa Cofely supuestamente a cambio de comisiones o dádivas entre 2012 y 2014.

La Audiencia Nacional ha reanudado este miércoles la vista de la pieza de Cofely del caso Púnica, seguida contra 36 acusados, en la que las fiscales anticorrupción Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá han comunicado sus conclusiones definitivas en las que han incluido leves reducciones en sus peticiones de pena al aplicar la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en la causa.

Así han pedido seis años y seis meses de cárcel para el exalcalde de Collado Villalba Agustín Juárez, cinco años para los de Móstoles Daniel Ortiz Espejo y de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada, cuatro años y medio para el de Sevilla la Nueva Mario Utrilla y dos años y tres meses para el de Valdemoro José Carlos Boza, todos ellos regidores del PP en dichas localidades madrileñas en la época de los hechos.

Además para el exconcejal de Medio Ambiente de Móstoles Alejandro Utrilla, hermano de Mario Utrilla, han reclamado cinco años de cárcel.

Igualmente han solicitado dos años y seis meses de inhabilitación para el exalcalde del PP de Almendralejo (Badajoz) José García Lobato.

Las fiscales han reducido de una forma más significativa sus peticiones de condena para catorce acusados que confesaron los hechos, entre ellos tres exalcaldes de localidades madrileñas.

De esta forma han rebajado de 11 a dos años y cuatro meses de cárcel su solicitud para el exalcalde de Parla José María Fraile (del PSOE), de nueve años y medio a dos años y diez meses de prisión para el de Serranillos del Valle Antonio Sánchez del Valle (de UDMA), y de nueve años y medio a tres años y cinco meses de inhabilitación para el de Torrejón de Velasco Gonzalo Cubas (del PP).

Las representantes de la Fiscalía han mantenido que los contratos de eficiencia energética adjudicados a Cofely por los ayuntamientos investigados, que tenían un periodo de ejecución de entre doce y quince años, suman 223.883.462 euros.

Entre los acusados que confesaron los hechos está David Marjaliza, un empresario de la construcción arrepentido que Cofely contrató como asesor comercial para que actuara como 'conseguidor' de contratos públicos, que fue socio de Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid con el Gobierno del PP que presidía Esperanza Aguirre e investigado en otras piezas del caso Púnica.

Las fiscales han rebajado su petición de pena para Marjaliza de once a siete años de prisión.

Por el mismo motivo han bajado la solicitud para el que en la época de los hechos era director general de Cofely en España, Didier R.M., que se enfrentaba a la pena más alta, 16 años de cárcel, y que tras su confesión las fiscales han pedido cinco años y diez meses.

Igualmente han rebajado de quince a seis años de prisión su petición de condena para el que era responsable de Mercado Público del Departamento Comercial de Cofely, Pedro G.P. que también confesó los hechos.

Pedro G.P. declaró en el juicio que en los ayuntamientos de Parla, Collado Villalba y Móstoles les llegaron a pedir hasta 600.000 euros de comisión por la adjudicación del contrato de eficiencia energética a esta empresa aunque dijo que finalmente renegociaron esa cantidad a la baja en los tres casos.

Durante su informe la fiscal Carmen García Cerdá ha destacado que acusados como por ejemplo los implicados en la adjudicación del Ayuntamiento de Valdemoro "rendían pleitesía a David Marjaliza".

En este caso ha recordado que José Carlos Boza llegó a ser alcalde de Valdemoro porque "Marjaliza le ayudó" financiando su campaña electoral.

"Cofely ponía el precio del contrato y todo el mundo decía sí porque los alcaldes estaban dispuestos a subirlo para cobrar comisión", ha comentado la fiscal, que ha añadido que por ello estos llegaban a realizar "presiones".