El documento que un municipio de Madrid está pidiendo para acabar con la okupación: obligatorio para todos los vecinos a partir de ahora

La okupación ilegal de viviendas es uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos en muchos puntos de España. Lo que antes parecía una situación puntual se ha convertido, en algunos municipios, en una realidad constante que genera inseguridad, conflictos vecinales y una sensación de impotencia entre los propietarios. Aunque la legislación actual limita el margen de maniobra de los ayuntamientos, algunos consistorios están empezando a buscar soluciones creativas dentro de sus competencias.

Uno de los primeros en mover ficha es Pinto, un municipio madrileño que ha decidido dar un paso al frente. El Ayuntamiento ha anunciado una medida que ya está generando debate: exigir un documento obligatorio a todo aquel que quiera empadronarse en una vivienda del municipio. El objetivo es claro: cerrar el paso a empadronamientos fraudulentos asociados a okupaciones ilegales.

Un empadronamiento más exigente para frenar la okupación 

A partir de ahora, los vecinos de Pinto que quieran empadronarse en el municipio tendrán que aportar un título jurídico que acredite que están ocupando la vivienda de forma legal. Esto incluye documentos como una escritura de propiedad, un contrato de alquiler vigente o incluso el último recibo del alquiler abonado.

Hasta ahora, empadronarse en un domicilio era relativamente sencillo. En muchos municipios, ni siquiera se exige comprobar si quien solicita el empadronamiento tiene derecho a estar en la vivienda. Esto ha abierto la puerta a que algunos okupas utilicen el registro municipal para ganar tiempo y dificultar su desalojo. Una vez empadronados, su situación se complica jurídicamente para los propietarios.

El alcalde de Pinto, Salomón Aguado (PP), ha dejado claro que estas medidas se enmarcan dentro de las competencias municipales y buscan proteger a los vecinos frente a un problema creciente. “No podemos cambiar la ley estatal, pero sí podemos actuar en el ámbito del empadronamiento, que es una herramienta que tenemos como Ayuntamiento”, ha explicado.

Este endurecimiento en el proceso de empadronamiento forma parte del acuerdo alcanzado entre el equipo de gobierno (PP y Pinto Avanza) y Vox para sacar adelante los presupuestos municipales de 2025, que ascienden a 68 millones de euros.

A cambio del apoyo de Vox, el consistorio se compromete a impulsar varias medidas orientadas a mejorar la seguridad y luchar contra la okupación. La propuesta incluye desde formación policial especializada hasta campañas informativas para vecinos y propietarios, con el fin de que conozcan sus derechos y sepan cómo actuar ante una okupación.

“El acuerdo es bueno porque da respuesta a una preocupación real de nuestros vecinos”, ha señalado Miguel Maldonado, portavoz de Vox en Pinto.

No podemos cambiar la ley estatal, pero sí podemos actuar en el ámbito del empadronamiento, que es una herramienta que tenemos como Ayuntamiento"

Salomón Aguado

Alcalde de Pinto

Formación especializada para la policía local 

Otra de las medidas clave del plan es la formación específica para los agentes de la Policía Local. El objetivo es que los efectivos conozcan a fondo los procedimientos legales relacionados con usurpación, allanamiento, desahucios exprés y delitos vinculados a la okupación.

La idea es que los policías estén preparados para actuar rápidamente desde el primer momento en que se detecte una okupación ilegal, reduciendo los tiempos de reacción y ofreciendo mayor respaldo a los propietarios afectados.

Además, se establecerán protocolos de intervención rápida, algo que puede marcar la diferencia en los primeros días tras una ocupación. “Queremos dotar a nuestra policía de herramientas legales y formación adecuada para proteger a nuestros vecinos”, subraya Aguado.

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Más allá de las medidas legales y policiales, el plan contempla también la realización de campañas informativas para la ciudadanía. Estas acciones incluirán desde la distribución de folletos hasta sesiones informativas presenciales, en las que se explicará:

• Cómo actuar si detectas una okupación en tu comunidad
• Qué derechos tienen los propietarios
• Qué pasos seguir para denunciar o solicitar ayuda al Ayuntamiento o a la Policía

El mensaje es claro: el Ayuntamiento quiere implicar a los vecinos en la lucha contra la okupación, ofreciendo información y apoyo legal.

Con este paquete de medidas, Pinto se convierte en uno de los primeros municipios de España en vincular directamente el empadronamiento a la posesión legal de la vivienda. Una decisión que, si bien puede generar cierta polémica, pretende proteger a los propietarios y recuperar el control ante situaciones abusivas.

La okupación ilegal es un fenómeno complejo que no se resuelve solo desde el ámbito municipal, pero acciones como la de Pinto marcan un camino posible: el de aprovechar al máximo las competencias locales para garantizar el derecho a la propiedad privada y mejorar la convivencia vecinal.

El tiempo dirá si esta medida sirve de ejemplo para otros ayuntamientos, pero de momento, Pinto ya ha dejado claro que no piensa quedarse de brazos cruzados.