Las plataformas de compraventa de artículos de segunda mano, como Wallapop, Vinted o Vestiaire Collective, pero también las empresas de alquiler de viviendas o vehículos como Airbnb o Getaround , compartirán información sobre los usuarios con las autoridades fiscales de la Unión Europea desde este primero de enero del 2024. Los obliga la directiva europea conocida como DAC7, siempre que hayan realizado más de 30 operaciones o hayan obtenido más de 2.000 euros con sus ventas.
Así, estas plataformas estarán obligadas a recopilar, verificar y comunicar información a las autoridades fiscales sobre determinados vendedores que utilizan sus servicios.Esta información se tiene que recopilar y verificar cada año y tiene que ser comunicada por las plataformas, a lo sumo, el 31 de enero del año siguiente.
Desde Wallapop ya aclaran que, si el vendedor cumple alguno de estos casos, se pondrán en contacto por correo electrónico y a través del centro de notificaciones para que complete los campos con la información requerida.Por su parte, Vinted ya avisa que la misma plataforma rellena automáticamente cada informe DAC7 con los datos que ya tienen almacenadas y que cada usuario tiene que revisar para verificar la exactitud.A la vez, la empresa lituana avisa que tienen la obligación legal de bloquear la cuenta de los vendedores afectados si no presentan el informe DAC7 en el plazo establecido.

Inspecciones de Hacienda con otros países

España aprobó a finales del 2022 la transposición de esta directiva, que ya es efectiva a partir del 2024 y que permitirá inspecciones de Hacienda con otros países y fiscalizará las plataformas.Así, la primera declaración informativa de la obligación de facilitar los datos recogidos por los operadores de plataformas se tendrá que presentar a partir del 1 de enero del 2024 respecto de la información relativa al año anterior.

Obligaciones para los operadores digitales

Los operadores tendrán que aplicar procedimientos de "diligencia", con especial atención a la residencia, para verificar y tratar la información de los vendedores que operan en sus plataformas o que prestan servicios a usuarios con la excepción de las administraciones y las cotizadas.
Las plataformas tendrán que identificar los mismos operadores y vendedores, las actividades que desarrollan, el pago al vendedor y la identificación de las cuentas de cobro, así como los tributos, comisiones, tarifas u otras cantidades retenidas o cobradas.Esto se aplicará también al arrendamiento y cesión temporal de bienes inmuebles y medios de transporte, servicios personales y de venta de bienes y se presentará el mes de enero siguiente a la transacción.
Así mismo, también estarán exentos de obligaciones aquellos operadores que prueben que han comunicado la información por vía otros operadores y las plataformas que están domiciliadas en países que tengan convenios de intercambio de este tipo de datos con la Unión Europea.

Inspecciones conjuntas

En el caso de las inspecciones conjuntas, se abre la puerta a la realización de controles simultáneos a una misma empresa en varios países europeos a la vez y a la actuación de agentes españoles en estos países europeos y viceversa.
Cuando estas inspecciones se hagan en Españal, todos los agentes se tendrán que comportar de manera acorde a la normativa española.

Una ley europea para ordenar una práctica habitual

Hacienda ya hace años que tiene la atención puesta sobre las transacciones y compraventas que se hacen mediante estas plataformas. Hay que apuntar que las transacciones que superan los 10.000 euros y los pagos y cobros desde 3.000 se vigilan con lupa y los bancos tienen que notificar a Hacienda y en el Banco de España estos movimientos.
Antes de la DAC7, los compradores tenían que ir alerta y, proactivamente, declarar las compraventas en su declaración y tributar los ingresos correspondientes. Ahora, serán las empresas que ofrecen los servicios las que alertarán los usuarios y les pedirán la información para declarar los ingresos.