Ocupan el piso de un discapacitado, le deben 50.000 euros y se van de vacaciones a París

Alberto se ha convertido en el tutor legal de su primo, una persona con una discapacidad reconocida del 78%, y para poder costear sus cuidados especiales, decidieron alquilar un piso que este había heredado en Barcelona. Sin embargo, lo que parecía una solución se ha transformado en una pesadilla. Los inquilinos, una familia con hijos, han dejado de pagar la renta mensual de 900 euros, acumulando ya una deuda que roza los 50.000 euros. Alberto denuncia una situación de desamparo total, ya que a pesar de que la justicia le ha dado la razón, un real decreto del Gobierno impide el desahucio al considerar a los inquilinos como familia vulnerable. Mientras tanto, él debe seguir asumiendo todos los gastos del inmueble.

Un alquiler que acabó en calvario

La historia de este arrendamiento comenzó de forma positiva. Alberto relata que, tras el fallecimiento de sus tíos, asumió la tutela de su primo y en 2005 decidieron reformar la vivienda, ubicada en la calle Valencia de Barcelona, para ponerla en alquiler. "Lo arreglamos y lo dejamos muy apañado, con tres dormitorios y dos baños", explica. El primer año de contrato transcurrió con normalidad, pero con la llegada de la pandemia en 2020 empezaron los problemas. En un gesto de solidaridad, Alberto les rebajó el alquiler a la mitad durante tres meses. "Pensábamos que íbamos a ser todos mejores personas", lamenta.

Pasado ese periodo de gracia, los inquilinos comenzaron a fallar en sus obligaciones. Los pagos se volvieron irregulares, con excusas constantes. "Este mes no puedo, este te doy 600, este 750...", recuerda Alberto sobre las promesas incumplidas. La situación se agravó cuando la inquilina le comunicó que iba a solicitar las ayudas para madres solteras, lo que implicaba registrarse como tal a pesar de vivir con su pareja. Finalmente, en el verano de 2021, los pagos cesaron por completo con la justificación de que "los niños no tenían cole y no tenía con quién dejarlos".

La justicia le da la razón, pero la ley ampara a los inquilinos

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, Alberto decidió llevar el caso a los tribunales. El juicio por falta de pago resultó favorable a sus intereses, se canceló el contrato de alquiler y se fijó una fecha de lanzamiento para el 31 de marzo de 2022. Sin embargo, cuando todo parecía resuelto, el desahucio fue paralizado. Los inquilinos recurrieron la decisión y los servicios sociales los catalogaron como familia vulnerable, lo que les permitió acogerse al escudo social aprobado por el Gobierno durante la pandemia.

Lo que no puedes pretender es quedarte en una casa sin pagar"

Alberto es el tutor legal de Fermín

Esta situación ha generado una profunda indignación en Alberto, quien no comprende cómo se protege a quienes incumplen un contrato mientras su primo, la verdadera víctima, queda desprotegido. "Mi primo sí que es vulnerable, porque tiene su discapacidad del 78% y va a peor, desgraciadamente", subraya. Critica duramente que la carga de la situación recaiga sobre él. "Si el Gobierno decide que no se les puede echar, pues que el Gobierno pague", sentencia, frustrado por una ley que considera injusta. "Lo que no puedes pretender es quedarte en una casa sin pagar", añade.

Una vida de lujos mientras se acumula la deuda

La sensación de injusticia se acrecienta al observar el estilo de vida del padre de la familia inquilina. Según relata Alberto, este hombre "va por la vida de 'coach'" y publica vídeos en sus redes sociales disfrutando de cenas en París, días en la nieve o en la playa. Este comportamiento contrasta radicalmente con la supuesta vulnerabilidad económica que alegan para no pagar el alquiler, lo que Alberto califica de "increíble". Mientras tanto, él debe seguir pagando puntualmente el impuesto de bienes inmuebles (IBI), la comunidad de propietarios y las derramas extraordinarias que surgen.

Alberto se siente víctima de un sistema injusto y cuestiona la actuación de las administraciones, como el Ayuntamiento de Barcelona. Teme que la familia esté recibiendo ayudas para el alquiler que no destinan a pagar la renta. "Ya me espero cualquier cosa", confiesa, agotado por una batalla legal y económica que parece no tener fin. Con la posibilidad de que el decreto se prorrogue, su desesperación aumenta, viendo cómo el sustento económico para los cuidados de su primo discapacitado se desvanece mes a mes sin que nadie le ofrezca una solución.