Mide bien tu ciudad la contaminación? Un informe revela irregularidades en 19 de 25 urbes

Un demoledor informe de Ecologistas en Acción ha puesto de manifiesto una práctica generalizada en las grandes ciudades españolas: la ubicación irregular de las estaciones que miden la calidad del aire. El estudio, titulado ‘Tráfico y calidad del aire urbano en el estado español’, concluye que 19 de las 25 urbes analizadas posicionan sus medidores de forma que no registran los picos de contaminación generados por el tráfico. Barcelona es uno de los casos paradigmáticos de esta situación, pero no es la única, ya que otras capitales como Bilbao, Granada o Santander siguen el mismo patrón para ofrecer datos que no se corresponden con la exposición real de la ciudadanía a los gases nocivos.

Medidores deliberadamente mal ubicados

La organización ecologista ha denunciado que Barcelona no mide la polución en una de sus arterias consideradas como críticas por su alta densidad de tráfico. En concreto, la estación de medición se encuentra en la confluencia de la calle Urgell con la Avenida Roma, un punto del distrito de L’Eixample que, si bien soporta un gran volumen de vehículos, es considerablemente más abierto y con más espacios verdes que la mayoría de las calles de la zona. Esta elección, según el informe, diluye los datos reales de contaminación, una estrategia que también se ha detectado en Bilbao, Elche, Granada, Santander y Valladolid, donde los medidores tampoco se localizan en las vías que soportan las mayores concentraciones de vehículos.

La situación es aún más flagrante en Badajoz, Guadalajara y Logroño, que directamente carecen de estaciones de medición de tráfico. En estas ciudades, el único dispositivo existente se sitúa en lo que los expertos denominan una “localización de fondo”, diseñada para medir la calidad del aire general de la ciudad, pero no el impacto directo de la contaminación vehicular. Esta ausencia de mediciones específicas impide conocer la verdadera exposición de los peatones y residentes en las zonas más transitadas, dejando a sus habitantes sin información clave sobre el aire que respiran a diario.

El análisis de Ecologistas en Acción también ha revelado otro tipo de irregularidades que incumplen la normativa. En Bilbao y Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, algunos medidores están instalados a una altura excesiva, lo que altera la correcta captación de los contaminantes. En otras diez ciudades (A Coruña, Alicante, Badajoz, Elche, Logroño, Madrid, Málaga, San Sebastián, Vigo y Vitoria), las estaciones se encuentran a más de los diez metros de distancia del borde de la calzada que exige la regulación, alejándolas así del foco principal de emisiones y obteniendo registros más bajos de lo que deberían.

Hay que revisar el proceso actual de transposición

No obstante, el informe también destaca a las ciudades que, en su mayoría, sí cumplen con los criterios de macroimplantación y microimplantación que dicta la normativa europea. Es el caso de Gijón, Palma, Pamplona, Sevilla, Valencia y Zaragoza, cuyas estaciones de medición han sido consideradas adecuadas por la organización. A pesar de ello, Ecologistas en Acción advierte que incluso en estas ciudades existen otros medidores cuya ubicación “se debería revisar” para garantizar que al menos la mitad de ellos se sitúen en puntos críticos de contaminación, tal y como exigirá la nueva legislación comunitaria.

La principal conclusión del estudio es que “solo una parte pequeña” de las estaciones analizadas en España cumple adecuadamente su función en términos de representatividad de la exposición a la que está sometida la población. Por el contrario, un porcentaje “mayoritario” de ellas muestra una adecuación “limitada o claramente insuficiente” si se compara con los requisitos que establece la nueva Directiva europea de calidad del aire, mucho más estricta que la actual y que los municipios deberán cumplir próximamente.

Se establezca en un plazo temporal de un año

Ante la gravedad de los resultados, Ecologistas en Acción ha lanzado una doble exigencia a las administraciones. Por un lado, pide que el proceso de transposición de la nueva directiva al derecho interno español “se establezca en un plazo temporal de un año” para acelerar la adopción de medidas correctoras. Por otro lado, demanda que la nueva regulación obligue a que, como mínimo, una estación de medición en cada ciudad se sitúe “en un punto crítico de contaminación atmosférica”, garantizando así que los datos reflejen fielmente las peores condiciones de calidad del aire a las que se enfrentan los ciudadanos.