La Justicia falla a favor de una trabajadora y obliga a la Seguridad Social a pagar la prestación por incapacidad temporal hasta su jubilación

En un fallo reciente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado un recurso interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), confirmando el derecho de una trabajadora a percibir la prestación económica por incapacidad temporal desde el 25 de enero de 2022 hasta el 29 de noviembre del mismo año, fecha en que se jubiló. 

Esta sentencia, dictada el pasado 15 de junio de 2025, pone en evidencia las tensiones entre las decisiones administrativas de la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores, al tiempo que subraya los crecientes desafíos financieros del sistema de seguridad social en España, cuya deuda continúa aumentando.

 Detalles del caso  

El conflicto judicial se originó en una sentencia emitida en noviembre de 2022 por el Juzgado de lo Social número 2 de Palencia, que reconoció el derecho de la trabajadora a recibir la prestación por incapacidad temporal. La demandante, cuya identidad no ha sido revelada, había solicitado esta prestación tras una baja médica que le impedía desempeñar su actividad laboral. Sin embargo, el INSS denegó inicialmente la solicitud, argumentando que no cumplía con los requisitos establecidos. La trabajadora recurrió la decisión, y el juzgado palentino falló a su favor, ordenando el pago de la prestación desde la fecha de la baja hasta su jubilación.

Inconformes, el INSS y la TGSS presentaron un recurso de reposición, que fue desestimado en septiembre de 2023. Posteriormente, interpusieron un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, alegando irregularidades en la sentencia inicial. No obstante, los magistrados del tribunal autonómico consideraron que la sentencia original era firme y no admitía más recursos, ratificando así el derecho de la trabajadora a la prestación. La resolución destaca la importancia de proteger los derechos laborales frente a decisiones administrativas que, en ocasiones, priorizan criterios restrictivos.

 Implicaciones del fallo  

Este caso no es un hecho aislado, sino que refleja una tendencia creciente en España: los tribunales están corrigiendo con frecuencia las denegaciones de prestaciones por parte de la Seguridad Social. Según datos del Ministerio de Justicia, en 2022, el 65% de las demandas por incapacidad permanente presentadas ante los tribunales contencioso-administrativos fueron favorables a los trabajadores. Estas sentencias no solo suponen una victoria para los demandantes, sino que también incrementan la presión financiera sobre el sistema de seguridad social, que ya enfrenta un déficit estructural significativo.

los magistrados del tribunal autonómico consideraron que la sentencia original era firme y no admitía más recursos, ratificando así el derecho de la trabajadora a la prestación.

 El aumento de la deuda de la Seguridad Social  

La Seguridad Social española lleva años lidiando con un desequilibrio financiero agravado por el envejecimiento de la población, el aumento de las pensiones y la menor contribución de cotizaciones debido a la precariedad laboral. Según el Banco de España, en 2024, la deuda de la Seguridad Social alcanzó los 116.000 millones de euros, un 8% más que el año anterior. Este incremento se debe, en parte, a los crecientes gastos en prestaciones como la incapacidad temporal, las pensiones de jubilación y las ayudas por desempleo, combinados con una recaudación insuficiente.

Casos como el de la trabajadora de Castilla y León contribuyen a este panorama, ya que las sentencias judiciales que obligan al INSS a pagar prestaciones denegadas inicialmente generan un gasto adicional no previsto. Además, el endurecimiento de los criterios para conceder prestaciones, impulsado por reformas como la Ley 27/2011, ha llevado a un aumento de las demandas judiciales, lo que no solo eleva los costos administrativos, sino que también resulta en el pago de atrasos que incrementan el déficit.

 Perspectivas futuras  

Expertos advierten que, sin reformas estructurales, la deuda de la Seguridad Social podría seguir creciendo, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema. Entre las propuestas están la ampliación de las bases de cotización, el aumento de las contribuciones de los autónomos y la diversificación de las fuentes de financiación. Sin embargo, estas medidas son políticamente sensibles y requieren un consenso difícil de alcanzar.

El caso de la trabajadora de Palencia no solo es una victoria individual, sino también un recordatorio de la importancia de garantizar el acceso a las prestaciones sociales. Al mismo tiempo, pone de manifiesto la necesidad urgente de abordar los problemas financieros de la Seguridad Social para asegurar su viabilidad a largo plazo, en un contexto donde la justicia sigue siendo un recurso clave para los trabajadores frente a las decisiones administrativas.