La justicia andorrana condena a exdirectivos del BPA, una sentencia que es "un antes y un después" para la imagen de la banca y del país

El Tribunal de Corts de Andorra ha condenado a penas de hasta 7 años de prisión a 18 exdirectivos y exgestores de la Banda Privada de Andorra (BPA) por facilitar el blanqueo de capitales del empresario chino Gao Ping, en la primera sentencia derivada de la intervención de la entidad.

El fallo impone siete años de prisión y una multa de 30 millones de euros al que fuera consejero delegado de la entidad, Joan Pau Miquel, que queda inhabilitado para trabajar en entidades bancarias o financieras durante un período de 10 años. El exdirector adjunto Santiago de Rosselló ha sido condenado a sis años de prisión y a una multa de 12 millones de euros. Para algunos de los condenados, que no tienen la nacionalidad andorrana, la sentencia acuerda su expulsión del Principado durante 10 años.

En la sentencia, que condena a 18 de los 24 procesados, el tribunal considera probado que la BPA puso en marcha una estructura para facilitar el blanqueo de capitales de dinero procedente de actividades delictivas vinculadas al empresario chino. Esta entidad bancaria, donde la familia Pujol mantuvo oculta su fortuna, fue intervenida a raíz de un informe del Departamento Antifraude de Estados Unidos que acusaba a la entidad de blanquear dinero procedente del crimen organizado de Rusia, China y Venezuela.

La sentencia ha llegado después de un largo proceso judicial (195 días de sesión con una media de seis horas diarias) y según un comunicado del Consejo Superior de la Justicia, la complejidad y magnitud de la causa explican que la sentencia se haya notificado 20 meses después de que las partes presentaran sus informes, y que tenga una extensión excepcional de 6.180 folios.

Análisis de la sentencia

¿Cómo se ve esta condena desde Andorra? Para empezar, ha sorprendido por la “contundencia” de las penas, que “nadie se esperaba, y menos los abogados defensores y los encausados”. Son palabras de Ignasi de Planell, director general del Diari d'Andorra y uno de los más destacados analistas políticos del Principado, quien considera que es “un antes y un después” en el caso de la BPA “por la contundencia y la cantidad de las penas”.

Pero no solo por eso, sino porque también sirve para romper “un relato”, en el sentido de que se había intentado vincular la intervención del banco y la nota emitida por el Tesoro Americano “con el tema de la policía patriótica y del proceso independentista”. Algo, ha recordado de Planell, que “ha cuajado” en Cataluña. Es evidente que “algo pasó, y lo han reconocido las partes”, pero otra cosa muy diferente, apunta, es que esas supuestas coacciones por parte de la policía patriótica, “fueran el detonante de la caída del banco”. Al Tesoro Americano, apunta el director general del Diari d'Andorra, “puede estar preocupado por el petróleo de Venezuela, por el cártel de Sinaloa, pero no por lo otro”.

En cualquier caso, dice de Planell, es una sentencia muy importante para la imagen del país y también de la banca andorrana: “es que no hay que olvidar que, en 2015, si caía la banca, caía el país. La banca de Andorra es uno de los pilares del PIB, y eso no se puede negar”. Y parece, prosigue, que esos momentos tan complicados “ya están salvados”.

Por otro lado, no cree que pueda prosperar la amnistía que pide la familia Cierco, que era la antigua propietaria de la BPA, como una fórmula para solucionar este caso y conseguir, según ellos, “la reconciliación social”. De Planell considera que con la actual composición del gobierno andorrano, parece muy difícil. Y ha recordado que los Cierco presentaron una demanda contra el Govern de Andorra de 365 millones de euros, que es lo que había costado la intervención del banco, “y lo han perdido”.

Pero, además, el director del Diari de Andorra recuerda que hay todavía otras derivadas en los tribunales por el caso BPA, para empezar, la “más grave”, y por la que se ha imputado a los antiguos propietarios, a los hermanos Cierco, porque utilizaron una sociedad panameña como caja b, para burlar los controles antiblanqueo y defraudar a Hacienda.