El Govern activa un primer paquete de ayudas para las empresas afectadas por la guerra a cambio de no destruir empleo

La Generalitat de Cataluña aprobará el próximo martes un primer paquete de medidas económicas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio. El Consell Executiu dará luz verde a una serie de ayudas directas a empresas y financiación bonificada destinadas a los sectores más damnificados por la escalada de precios. Ayudas en un contexto marcado por la ausencia de presupuestos para 2026, lo que limita considerablemente el margen de maniobra del Ejecutivo.

Un plan de choque para sectores estratégicos

El plan de rescate se articulará en dos ejes principales. Por un lado, se inyectará liquidez a través de ayudas directas a las empresas más expuestas al conflicto. Por otro, se facilitará el acceso al crédito mediante líneas de financiación con condiciones ventajosas gestionadas por el Institut Català de Finances (ICF). 

La consellera de Economia, Alicia Romero no ha especificado la dotación económica de este primer paquete, pero ha señalado que "probablemente" será necesario implementar más medidas en el futuro si la situación de inestabilidad persiste. El Govern ha dejado claro que la prioridad es proteger el tejido productivo catalán.

Cualquier ayuda irá vinculada a que no se destruya ningún puesto de trabajo"

Los sectores identificados como más vulnerables son la agricultura, la pesca, el transporte y la movilidad, todos ellos gravemente afectados por el aumento del precio de los carburantes. Romero ha subrayado una condición indispensable para acceder a estas ayudas, asegurando que "cualquier ayuda irá vinculada a que no se destruya ningún puesto de trabajo". 

Con esta cláusula, el Govern busca asegurar que el esfuerzo público se traduzca en el mantenimiento del empleo y la estabilidad económica. Además, se intensificará el asesoramiento a las empresas para explorar y abrir nuevos mercados, una estrategia que, según la consellera, ya demostró su eficacia durante la crisis de los aranceles.

El debate fiscal y las limitaciones presupuestarias

En el ámbito fiscal, la consellera ha enfriado las expectativas de una rebaja de impuestos generalizada. Ha descartado deflactar el IRPF, una medida que reclamaban formaciones como Junts y el PPC, argumentando que el Govern tiene actualmente un margen de maniobra muy escaso. 

Sin embargo, sí ha abierto la puerta a estudiar ajustes selectivos en impuestos propios de la Generalitat. En concreto, se está valorando la posibilidad de introducir "alguna excepción o rebaja temporal" en tasas que afectan directamente al sector pesquero o al agrícola, con el fin de aliviar su carga fiscal de manera puntual.

Sin presupuestos es imposible un abordaje muy ambicioso para las familias"

La principal barrera para una acción más contundente es la falta de unos presupuestos aprobados. La consellera ha sido tajante al respecto, advirtiendo que esta situación impide poner en marcha iniciativas de mayor calado. 

Propuestas como la modificación de los baremos para las ayudas al alquiler de viviendas, sugerida por Junts, son inviables en el actual contexto de suplemento de crédito. "Sin presupuestos es imposible un abordaje muy ambicioso para las familias", ha concluido Romero, dejando claro que el apoyo a los hogares dependerá de futuras negociaciones.

Pese a ello, el Govern ha diseñado algunas medidas de contención. Aunque este primer paquete "no contendrá grandes medidas" para los hogares, se establecerá una línea de ayudas "abierta y genérica" que servirá como paraguas para futuras convocatorias. Esta fórmula permitirá al Ejecutivo actuar con mayor agilidad cuando disponga de recursos. Paralelamente, se quiere dar un impulso a la transición energética, con líneas de financiación para el autoconsumo y para reforzar la Energètica pública de Cataluña.

Vigilancia de precios en colaboración con los grupos

Romero ha anunciado la creación de un grupo de trabajo para el seguimiento del aumento de los precios. La iniciativa busca vigilar que la rebaja fiscal aprobada por el Gobierno de España se traslade de manera efectiva al bolsillo de los ciudadanos. Según ha detallado la consellera, se constituirá como una unidad de vigilancia de precios que podrá proponer medidas correctoras "si procede", garantizando así una mayor transparencia en el mercado y protegiendo el poder adquisitivo de los consumidores.