Catalunya movilizará 1.600 millones para zonas vulnerables a través de la ley de barrios

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentado este lunes su propuesta para desplegar la ley de barrios, que prevé llegar a movilizar más de 1.600 millones entre todas las administraciones para rehabilitar las zonas más vulnerables de los municipios.

Lo ha hecho en un acto en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) junto al alcalde del municipio, Juan Luis Ruiz; la consellera de Territorio, Sílvia Paneque; el presidente de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote, y el vicepresidente de l'Associació Catalana de Municipis, Gerard Sabarich.

Illa ha enmarcado el impulso de la ley en su apuesta por "generar prosperidad compartida" y ha defendido que se trata de una política de consenso que tiene tres ejes: la transformación física, la transición ecológica y la vertiente sociocomuntaria.

Asimismo, ha señalado la importancia de aterrizar las políticas públicas en un contexto geopolítico de cambios constantes y acelerados: "Estas cosas encuentran una concreción real en el lugar en el que viven las personas, que son los barrios y las villas".

Así, la Generalitat invertirá 1.000 millones de euros, mientras que el resto lo aportarán los ayuntamientos, y habrá cinco convocatorias, una cada año, donde las administraciones locales deberán presentar sus propuestas para rehabilitar zonas concretas.

Para poder optar a la convocatoria, los barrios deberán tener una renta per cápita inferior a la media de Catalunya, que fue de 15.830 euros en 2023, según datos del Institut d'Estadística 

la primera convocatoria será en julio

La primera convocatoria saldrá este mes de julio, y los ayuntamientos tendrán hasta septiembre u octubre para presentar sus proyectos, que no podrán incluir la construcción de nuevas viviendas o nuevos equipamientos (excepto guarderías y escuelas de música), pero sí su rehabilitación.

La comisión gestora, formada por la Generalitat y el mundo municipal, decidirá a finales de año qué proyectos son los beneficiados, para que se empiecen a implementar a 1 de enero, y cada convocatoria tendrá una dotación de 200 millones de euros.

La idea del Govern es que los proyectos sean amplios y estén hechos a medida para las necesidades de cada zona, y los municipios tendrán cinco años para hacer las obras y mayoritariamente solo podrán presentar una propuesta en cada convocatoria.

Paneque ha defendido que se trabajará "codo con codo" con los ayuntamientos y ha ejemplificado el impacto de la ley con la recuperación de espacios verdes, la creación de zonas adaptadas al cambio climático o la creación de nuevos servicios públicos.

la financiación, por municipios

La propuesta de Illa, que se ha presentado ante 55 alcaldes, se articulará a través de un proyecto de decreto que se aprobará a finales de junio en un Consell Executiu, y los fondos para la primera convocatoria están garantizados.

La Generalitat asumirá más peso en la financiación cuanto más pequeño sea el municipio: un 75% para los de menos de 5.000 habitantes, un 70% para los que tienen entre 5.000 y 20.000, un 60% para los de entre 20.000 y 50.000 y un 50% para los de más de 50.000 personas.

Las subvenciones serán a cinco años y de entre 3 y 12,5 millones de euros para los municipios de menos de 20.000 habitantes o de entre 6 y 25 millones de euros para los municipios de más de 20.000 habitantes.

un proyecto que viene de lejos

La ley de barrios es uno de los primeros proyectos que puso en marcha del ejecutivo de Salvador Illa con la creación de un comisionado dirigido por Carles Martí y adscrito a la conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, así como una promesa durante su campaña electoral.

Se trata de un proyecto que se remonta a los gobiernos socialistas de Pasqual Maragall y José Montilla, cuando se ejecutaron siete convocatorias entre 2004 y 2010, y se movilizaron 1.900 millones de euros, beneficiándose entre 15 y 20 municipios por año.