Más de 5.000 personas mueren en Cataluña esperando las ayudas a la dependencia

El dato es brutal y refleja un drama social de enormes dimensiones. Más de 5.000 personas murieron el año pasado en Cataluña mientras se encontraban en proceso de tramitación de las ayudas a la dependencia, según ha denunciado la Taula d'entitats del Tercer Sector Social. La cifra, que agrupa a personas que ya tenían un grado de dependencia reconocido pero esperaban la ayuda, pone de manifiesto las graves deficiencias de un sistema colapsado. Ramón Nicolau, vicepresidente de la entidad, advierte sobre una realidad durísima que se agrava con el paso del tiempo, ya que, aunque la sociedad envejece progresivamente, "los servicios no se adaptan a esta realidad".

Un laberinto burocrático

El proceso para obtener las ayudas es un camino largo y complejo que, en la práctica, se convierte en una carrera de obstáculos para las familias. Ramón Nicolau detalla un procedimiento que se alarga durante meses y que, en muchos casos, llega demasiado tarde. "Tenemos la ley de dependencia desde el año 2007 y los trámites son lentos y complicados en los últimos años de vida de una persona", explica. El recorrido empieza en los servicios sociales municipales, donde se debe aportar una extensa documentación para que se inicie el expediente.

Posteriormente, un equipo técnico debe visitar el domicilio para valorar el grado de dependencia de la persona. Una vez completada esta fase, que puede tardar meses, se elabora el Programa Individual de Atención (PIA), que determina los servicios o prestaciones a los que la persona tiene derecho. "Todo este proceso puede durar ocho o nueve meses, y mientras tanto, pasa lo que pasa: 5.000 personas mueren cada año durante la tramitación", lamenta Nicolau. Esta demora genera una profunda "sensación de indefensión", ya que la familia asume toda la carga del cuidado hasta que llega una resolución que, para miles, nunca es efectiva.

El objetivo debería ser que todo el trámite durase tres meses"

Envejecer en casa, la opción deseada

A pesar de las dificultades, la voluntad de la gente mayor es clara. Según los datos que maneja el sector, la preferencia es envejecer en el propio domicilio. "Cuando preguntas a las personas mayores, la inmensa mayoría, más de un 90 por ciento, dicen que quieren envejecer en casa", afirma Nicolau. Sin embargo, el sistema parece empujar en la dirección contraria. La falta de ayudas a domicilio, de adaptación de las viviendas y de otros servicios de apoyo provoca que muchas personas acaben en una residencia como única alternativa viable, a pesar de no ser su deseo.

La inmensa mayoría, más de un 90%, dice que quiere envejecer en casa"

Desde el Tercer Sector Social proponen un cambio de enfoque radical. En lugar de centrarse casi exclusivamente en las plazas residenciales, que son limitadas y costosas, abogan por potenciar los servicios de ayuda a domicilio. Nicolau subraya que estas prestaciones no solo tienen un "efecto preventivo" en la salud de las personas, sino que también "son más económicos y generan más ocupación". Según sus cálculos, mientras que en una residencia una parte importante del presupuesto se destina a la alimentación y el mantenimiento, en los servicios a domicilio "el 90 por ciento del coste es personal", lo que se traduce en la creación de puestos de trabajo.

Parálisis presupuestaria y diferencias territoriales

La situación se ve agravada por el contexto político actual. La no aprobación de los presupuestos de la Generalitat, de los que dependen directamente estas partidas, ha dejado en suspenso cualquier mejora o ampliación de los servicios. "Es importante que los presupuestos contemplen la atención a la longevidad y a las personas mayores", insiste Nicolau, quien ve con preocupación la parálisis en la tramitación parlamentaria. Sin nuevos recursos, es imposible acortar las listas de espera o contratar al personal necesario para agilizar las valoraciones, un problema que se ha vuelto estructural.

Además, existen importantes diferencias entre territorios. No es lo mismo solicitar la ayuda en Barcelona que en las Terres de l'Ebre o en Lleida, donde los tiempos de espera pueden ser aún mayores. Para solucionar este desequilibrio, Nicolau propone la creación de "equipos volantes" que puedan desplazarse a las zonas con más retraso para "tapar agujeros" y unificar los plazos de valoración. El objetivo final, según el vicepresidente, es ambicioso pero necesario: "que todo el trámite dure como máximo tres meses". Un horizonte que, hoy por hoy, parece una utopía para miles de familias catalanas que luchan contra el reloj.