La picardía en la gestión de residuos sanitarios de la covid-19 puede salir muy cara

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un total de 20 personas por una mala gestión de residuos sanitarios de la covid-19. La operación Ribio se originó tras la investigación de la mala praxis de una empresa perteneciente a un holding internacional americano con sedes en Catalunya, Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid.

Las pesquisas llevadas a cabo por el Seprona han revelado que los residuos infecciosos eran almacenados en la calle y sin los envases adecuados utilizando otro tipo de embalaje más económico. Los operarios, además, tan sólo disponían de guantes como equipos de protección individual a pesar de que el ahorro en envases provocaba que gran parte de los mismos -al contener sustancias líquidas- se deteriorara y acabara dispersándose por la vía pública tras su manipulación.

Con este modus operandi, la empresa incrementaba los beneficios obtenidos en un 300% dado que se asumía un volumen y tipo de residuos muy por encima de la previsión realizada en base a su capacidad. La trama usaba cajas de cartón como envase para guardar las bolsas infecciosas, contraviniendo las normas de seguridad mínimas aceptadas y marcadas por la legislación vigente. Esto generaba un riesgo para los trabajadores que lo manipulaban, y lo transportaban, especialmente en empresas subcontratadas no habilitadas para este tipo de residuos, y cuyos transportistas no contaban ni con cualificación, ni con protocolos de actuación.

En suma, actuaciones negligentes que han podido generar situaciones de contagio, subraya la Guardia Civil, que destaca que los investigados utilizaban naves no autorizadas para el almacenamiento clandestino de estos residuos. De hecho, la empresa incrementó su gestión en tres toneladas en tan sólo unos meses, sin capacidad para ello.

Los responsables de la empresa incurren en varios delitos relacionados con la gestión irregular de residuos, delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la salud pública.

La mala gestión de estos residuos puede acarrear directamente la aplicación de sanciones penales con penas de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.

La operación Ribio se enmarca en las campañas operativas y preventivas desarrolladas por Europol en el marco de la emergencia de Covid-19, de acuerdo con los marcos legislativos internacionales, de la Unión Europea y los nacionales. Se ha colaborado de manera estrecha con la GNR portuguesa (Guardia Nacional Republicana) para inspeccionar las sedes que le empresa tiene en ese país, y con el apoyo de Europol en el análisis de las comunicaciones y en el análisis estratégico de documentación para hallar posibles relaciones con el resto de países europeos.