El curioso caso de la fábrica de canelones que la Generalitat no quiere y ahora subasta por segunda vez

La Generalitat de Catalunya ha iniciado un proceso de subasta pública para vender una fábrica de canelones que recibió como parte de una herencia. Este es el segundo intento que realiza el Govern para encontrar un comprador para esta insólita propiedad, recurriendo a un mecanismo que, según los expertos, es el más adecuado para una institución pública. La decisión de optar por una venta abierta al mejor postor busca garantizar la máxima transparencia e imparcialidad, un principio clave cuando una administración gestiona el patrimonio de todos los ciudadanos.

Una vía para garantizar la imparcialidad

La razón de fondo para elegir este método es evitar cualquier sospecha de favoritismo. Así lo ha explicado Román Eseberri Piedra, abogado especialista en derecho procesal civil, quien ha señalado que una subasta pública es “lo más imparcial” que se puede hacer. Al ser un proceso abierto y reglado, gestionado a través de un juzgado y un portal electrónico, se impide que la administración pueda adjudicar el bien “a dedo” a un interesado particular. “Es garantía de esta imparcialidad en la venta”, ha subrayado el letrado.

Es garantía de esta imparcialidad a la venta"

Sberri ha aclarado que existen dos modalidades principales de subasta: la voluntaria, como la que impulsa la Generalitat, y la forzosa, que deriva de un procedimiento de apremio por deudas. En el caso de la fábrica de canelones, al ser un bien recibido de una herencia intestada, la administración acude voluntariamente a la subasta para convertir el activo en liquidez de una forma justa y transparente. Este procedimiento contrasta con las subastas forzosas, que se producen cuando, por ejemplo, un banco ejecuta una hipoteca por impago.

Cómo funciona una subasta electrónica

Desde el año 2015, el sistema de subastas en España ha experimentado una profunda transformación al convertirse en un proceso completamente electrónico. Esto ha supuesto, según Sberri, la desaparición de la figura de los antiguos “subasteros”, que en ocasiones llegaban a acuerdos para repartirse los bienes. El modelo actual ha democratizado el acceso, ya que cualquier persona puede participar sin importar su ubicación geográfica. “Una persona puede intervenir en la subasta desde Málaga o desde La Coruña”, ha ejemplificado el abogado.

Una persona puede intervenir en la subasta desde Málaga o desde La Coruña"

Para participar como licitador es imprescindible cumplir dos requisitos: identificarse debidamente y consignar un depósito de garantía para poder pujar. Este depósito se pierde si, una vez adjudicado el bien, el ganador no completa el pago del precio final. El sistema es sencillo en su concepción, pues se basa en el principio de que “el mejor postor se lo lleva”, pero requiere de una preparación y análisis previos por parte del inversor para evitar sorpresas desagradables.

Riesgos y oportunidades de una puja

Comprar en una subasta es una inversión y, como tal, no está exenta de riesgos. Román Eseberri  ha advertido de la importancia de conocer bien qué se compra y las condiciones de la venta. Uno de los principales escollos es el precio de valoración del bien, conocido como avalúo, que es fijado por un perito judicial. “Esta tasación puede ser más elevada que el precio real de mercado”, ha explicado, por lo que una puja excesiva puede llevar a que “la inversión no sea del todo buena”.

No obstante, también existen grandes oportunidades. Según el experto, las subastas más interesantes suelen ser aquellas que provienen de ejecuciones hipotecarias, donde el precio de salida no es el valor de mercado del inmueble, sino la deuda pendiente con el banco. Esto puede permitir la adquisición de activos “por un precio que está por debajo de mercado”, generando una alta rentabilidad para el comprador que sabe analizar estas situaciones.

En cuanto a los participantes, Eseberri ha confirmado que el sistema está abierto a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, siempre que se identifique correctamente, descartando así que el proceso sea anónimo. También ha zanjado las dudas sobre un posible uso para blanquear capitales, aclarando que los fondos se consignan en una cuenta del juzgado, lo que impide “introducir dinero negro en el sistema”. El caso de esta fábrica de canelones sigue siendo, como ha reconocido, algo “absolutamente nada habitual”, un bien singular que la Generalitat espera colocar finalmente en el mercado.