Funcionarios del Ayuntamiento de Zamora se rebelan ante el “colapso administrativo” y señalan la incapacidad del equipo de gobierno IU-PSOE

La paciencia de los funcionarios del Ayuntamiento de Zamora ha llegado a su límite. La Junta de Personal, órgano que representa a los empleados públicos municipales, ha anunciado el inicio de movilizaciones inmediatas tras constatar una situación que califican de estructural, prolongada y profundamente perjudicial. Respaldados por los sindicatos S.P.P.M. CyL., C.S.I.F. y CC.OO., denuncian la incapacidad del equipo de gobierno para gestionar con eficacia, transparencia y respeto a la legalidad.

Lejos de tratarse de un conflicto puntual, los representantes sindicales advierten de un deterioro progresivo en el funcionamiento interno del Ayuntamiento. La falta de respuestas, el retraso en la tramitación de expedientes y el recurso sistemático al silencio administrativo han generado un escenario que ya no solo afecta a los trabajadores, sino también a los ciudadanos.

Un colapso que traspasa los despachos

El área de Personal, clave en la gestión municipal, se ha convertido —según la Junta— en un foco de ineficiencia. Expedientes acumulados, solicitudes sin resolver y conflictos que terminan en los tribunales reflejan una administración incapaz de resolver sus propios problemas. Esta judicialización, advierten, supone un coste innecesario para las arcas públicas y evidencia la falta de diálogo interno.

A ello se suma una grave carencia de transparencia. La inexistencia de actas en reuniones fundamentales de la Mesa General de Negociación compromete la seguridad jurídica de los acuerdos. Sin documentación oficial, no hay garantías, ni control, ni cumplimiento real de lo pactado, denuncian los representantes de los trabajadores, quienes exigen la implantación urgente de un sistema formal de registro.

Acuerdos que se diluyen en la opacidad

Uno de los puntos más críticos es el incumplimiento de acuerdos clave alcanzados en junio de 2025, como la implantación de la carrera profesional o el desarrollo de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Estas medidas, concebidas para modernizar la administración y mejorar el servicio público, han quedado en entredicho.

La Junta de Personal denuncia además contradicciones en la información trasladada por la Concejalía de Recursos Humanos, especialmente en cuestiones sensibles como la progresión profesional de colectivos como policías y bomberos. La falta de actas impide verificar qué se acordó realmente, generando incertidumbre y desconfianza.

El malestar se agrava con el bloqueo en la actualización del Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo, vigente desde 2010. Pese a múltiples solicitudes formales y una propuesta registrada en marzo de 2025, más de un año después no ha habido respuesta alguna.

Ante este escenario, los funcionarios exigen medidas urgentes: regularizar las actas pendientes, garantizar la transparencia, descongestionar el departamento de Personal y cumplir los acuerdos firmados. Las movilizaciones, aseguran, son solo el primer paso en una lucha que consideran imprescindible para defender el servicio público frente a una gestión que califican de ineficaz e irresponsable.