El PSOE acusa a Servicios Sociales de financiar “bajo cuerda” a entidades del tercer sector

Una asociación que cobró, según la auditoría no lo hizo. Otra cobró el doble. Y otras tres, según la auditoría cobraron y según la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León no lo hicieron. Así explica el Grupo Parlamentario Socialista una supuesta desviación en el presupuesto de 2016 de la Fundación Acción Social y Tutela, dependiente de la Gerencia de Servicios Sociales, de más de 58.000 euros.

No es la única duda acerca de la necesidad y la eficiencia de esta Fundación, dedicada a la tutela y gestión del patrimonio de más de 540 personas mayores o con algún tipo de discapacidad o enfermedad mental en la Comunidad, que ha trasladado la procuradora socialista Ana María Muñoz durante la comparecencia del gerente de Servicios Sociales y director de la Fundación Acción Social y Tutela, Carlos Raúl de Pablos, en la Comisión No Permanente para la Racionalización de la Administración en Castilla y León.

Muñoz ha cuestionado el aumento de su plantilla, integrada actualmente por 28 trabajadores. Del total de dos millones y medio de euros que recibe de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, el gasto en personal supone ya un 48 por ciento. Mientras que “solo” el 38 por ciento es destinado a programas de ayuda, fruto de convenios con organizaciones no gubernamentales o sin ánimo de lucro. Un procedimiento que no ha escapado de las críticas de la socialista. Para Muñoz supone una financiación “bajo cuerda” al no ser el resultado de un concurso público. En este punto, la portavoz de Familia e Igualdad de Oportunidades del Grupo Parlamentario Socialista se ha preguntado si no se estará utilizando la Fundación como “caja B” de la Consejería.

De Pablos ha negado cualquier atisbo de opacidad. Las cuentas de la Fundación, ha advertido, se someten a una auditoría externa desde 2016 por decisión “voluntaria” del propio director. Y el supuesto desfalco esgrimido por la portavoz socialista responde a un criterio contable “puro y duro”. “Esto no es un chiringuito”, ha sentenciado. Las entregas monetarias que realiza la Fundación, ha sostenido, tienen como destinatario con una cuantía “muy similar” las tres entidades dedicadas en Castilla y León a la tutorización de personas mayores, personas con discapacidad y personas con enfermedad mental. El resto corresponden a programas “puntuales”. Lo que considera “supuestos claros” donde no es necesaria la concurrencia competitiva.

Este mecanismo, que está presente en todas las comunidades autónomas bien en forma de fundación o de instituto, asegura De Pablos que contribuye a la “eficacia” de la Administración. Si bien los trabajadores de la Fundación Acción Social y Tutela, según su director, no tramitan expedientes administrativos, al contrario de lo afirmado por la procuradora socialista, realizan labores auxiliares de “depuración” en la gestión masiva de datos para la concesión, entre otros, de los distintos grados de dependencia, así como tareas de “mejora” en los sistemas informáticos a disposición de las corporaciones locales para la prestación de la ayuda a domicilio. Con todo, el propio De Pablos ha reconocido que no permitiría que una fundación “conculque” las competencias del funcionariado.

Las palabras de Ana María Muñoz no han pasado tampoco inadvertidas para el Grupo Parlamentario Popular que ha calificado de “sorprendente” la insinuación de una supuesta caja B en la Gerencia de Servicios Sociales. La transparencia, han asegurado, es “absoluta”.