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La comunidad educativa redobla sus protestas contra la ‘Ley Celaá’

Centros concertados y de educación especial denuncian un cierre encubierto

Concentración en defensa de la educación especial

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Javier Luna

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 12:25

Ante el Congreso de los Diputados, colgando de las ventanas de los colegios concertados grandes lazos de color naranja y sacando clases enteras a la calle. Pero también a través de las redes sociales, empleando palabras clave como “#StopLeyCelaa” y “#ReliEsMas”. Esta última, en defensa de la asignatura de Religión. Incluso, recogiendo firmas —suman ya más de un millón y medio— para conseguir su paralización. La comunidad educativa redobla estos días sus protestas en contra del nuevo Proyecto de Ley de Educación.

PSOE y Unidas Podemos se han quedado solos defendiendo la denominada ‘Ley Celaá’ en las Cortes de Castilla y León. A petición del Grupo Parlamentario Popular, el Parlamento autonómico ha pedido su retirada, con el apoyo de Ciudadanos, Vox, UPL y Por Ávila.

Durante el debate de esta Proposición No de Ley la procuradora ‘popular’ Carmen Sánchez tildó la Ley de “mordaza”. Y criticó las pretensiones del Ministerio de Educación de “formar igual” casos “radicalmente desiguales”, en alusión a los centros de educación especial.

Ataviados con globos y corazones de color verde y pancartas donde podía leerse que “la educación especial es también herramienta para la inclusión social”, se han concentrado este miércoles familiares de alumnos en el Colegio de Educación Especial Nº1 de Valladolid

Jairo, padre de un niño con discapacidad intelectual, ha alertado a COPE de la “locura” que supondría el trasvase de alumnos “que no saben leer ni escribir”, “que no controlan esfínteres” o “no tienen lenguaje” a centros de enseñanza ordinarios, donde la ratio es de un profesor para 25 alumnos.

Para Jairo una de las claves está en la ausencia de una memoria económica en el texto normativo. Sostiene que “no hay dinero” para dotar a los centros ordinarios del equipamiento o de tratamientos, tales como la fisioterapia o la hidroterapia, con los que sí cuentan los centros de educación especial y que, a 10 años vista, quedarían reservados para personas con discapacidades “severas”.

“Nos parece increíble que no hayan profundizado más en el tema”, se lamenta Alicia por el “desconocimiento total” que, a su juicio, demuestra el Ministerio de Educación “sobre las capacidades de estos niños”.

Las familias temen que la ‘Ley Celaá’ conlleve el “cierre paulatino” de la educación especial. José Luis clama por derecho a decidir lo que entiende es mejor para su hijo: “Si yo quiero que vaya a un centro de educación especial, que no me corten esa libertad”.

En “serio riesgo” la pluralidad

La eliminación del concepto de demanda social ha hecho saltar también todas las alertas en la enseñanza concertada. Según denuncia el propio sector, hurta a las familias la posibilidad de elegir colegio para sus hijos y convierte a estos centros en “subsidiaros” de los públicos. Lo que, sostienen, llevaría a su práctica eliminación.

Fruto del “malestar” generado, la enseñanza concertada ha buscado nuevas fórmulas para escenificar su “no” a una Ley educativa “que no cuenta con el consenso de familias y escuelas”. Es por ello que el patio del Colegio La Salle, en Valladolid, se ha convertido por un día en un improvisado aula, con mesas y sillas ocupando lo que habitualmente es una zona de juegos durante el recreo.

Por medio de un vídeo y con la participación del profesorado, Agustinas Valladolid ha pedido una enseñanza “realmente inclusiva” y “en la que tengamos todos cabida”. Su directora, presidenta también de Escuelas Católicas en Castilla y León, Encarnación González-Campos, ha alertado de que el texto pone “en serio riesgo” la pluralidad. También el puesto de trabajo de, aproximadamente, 260.000 trabajadores. “No dejes que otros elijan por ti”, alienta González-Campos.

Como ya adelantara COPE esta misma semana, la plataforma MásPlurales ha convocado una concentración para el próximo martes, 24 de noviembre, a las seis de la tarde en la sede de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, en Valladolid, en defensa de “un sistema educativo de calidad que contribuya a una sociedad mejor”.

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