Pese al período de excepcionalidad en el que vive España con motivo de la declaración el pasado mes de marzo del Estado de Alarma, PSOE y Unidas Podemos han decidido continuar en el Congreso de los Diputados con la tramitación de la Ley LOMLOE, la Ley de Educación más conocida como "Ley Celaá".

El texto no goza del consenso ni de los grupos políticos ni de la comunidad educativa. Pero además ha reavivado una polémica que se viene intentando enmendar desde el pasado año en tanto que mantiene la Disposición Adicional Cuarta del Anteproyecto.

En esa Disposición se alude, de forma muy ambigüa y abierta a interpretaciones, a la intención del Gobierno de dotar a los centros de educación ordinarios de los "recursos necesarios" para que puedan atender a alumnos con necesidades educativas especiales. Fijando para ello, además, un plazo de 10 años y limitando la actividad de los centros de educación especial a supuestos de atención a la discapacidad "muy especializada".

Para la plataforma 'Educación inclusiva sí, especial también' el mantenimiento de esta Disposición supone el cierre encubierto de los centros de educación especial en el año 2030. Valdiéndose el Gobierno, además, para ello, según denuncian, de las limitaciones de movimiento que ha implicado el Estado de Alarma.

Ante esta denuncia pública de la Plataforma, el ministerio de Educación y Formación Profesional se ha apresurado a emitir un comunicado en el que "desmiente rotundamente" tales afirmaciones. Aunque en esa misma comunicación mantiene que las intenciones del departamento que dirige Isabel Celaá implican que en ese plazo de 10 años "centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad".

Para Jairo, padre de un niño con Síndrome X Frágil, una enfermedad genética rara que cursa con discapacidad intelectual, esta Disposición "nos hace polvo a las familias" en tanto que, según ha relatado a su paso por Herrera en COPE Valladolid, implica "cambiar la estructura total de la educación en este país".

En su caso, es conocedor de ambos tipos de educación ya que su hijo, de 14 años de edad, asiste a lo que se denomina "escuela combinada". Él y su mujer optaron por este modelo de enseñanza con el objetivo de que "pudiera coger lo mejor de los dos sistemas".

En el centro de educación especial la ratio es de cinco alumnos por cada profesor, que dispone además del apoyo de un auxiliar. "Hay dos profesionales en una clase de cinco", enfatiza. Y su desarrollo en estas instalaciones es "total" en tanto que pone a su alcance "todo lo que el niño necesita para poder desarrollarse". "Va feliz", asegura Jairo.

Por contra, en el centro ordinario "mi hijo juega solo". A medida que ha ido cumpliendo años Pablo, que así se llama el hijo de Jairo, "se ha convertido en una losa" porque "la inclusión real no existe". Asegura Jairo que en este tipo de centros "no hay medios" y "los profesores no siempre están preparados para atender a este tipo de alumnos".

Como otros padres y profesionales de la Educación, Jairo apela a la "libertad de elección de centro". "Nadie mejor que la familia", a su juicio, "para saber qué es lo mejor para nuestros hijos".