El personal de los juzgados denuncia que en la mañana de ayer no pudo trabajar debido a la caída del sistema informático. Este caos se ha generado por la nueva herramienta de trabajo implementada por el ministerio de justicia, desde hace tres semanas los fallos se suceden. Para paliar esta situación y evitar un colapso de la justicia en Salamanca el personal dedica muchas horas con lo que ello conlleva. Sandra de La Posada coordinadora del sector justicia de Comisiones obreras denuncia que los retrasos se acumulan debido a las aplicaciones informáticas.

El pasado 26 de Octubre se ha implantado en Salamanca el llamado “Minerva Virtualizado”, con el fin según el Ministerio de que sea más segura, es decir que la aplicación ya no la tenemos en el escritorio si no en una nube y desde entonces se trabaja con muchísimos más inconvenientes: una mayor lentitud, casi extrema al grado de multiplicar por 10 el tiempo que invierten ahora los funcionario en realizar cualquier escrito, acto de comunicación, o ejecutar cualquier actividad en la aplicación. Muchos días se cuelga la aplicación en distintos momentos a lo largo de la mañana y otros días como hoy ha dejado de funcionar por completo. Tampoco funciona la mayoría de los días Lexnet que es la otra aplicación a través de la cual se comunica la Administración de Justicia con los Letrados y Procuradores.

Es agotador y desesperante esta situación a la que se tienen que enfrentar los trabajadores de la Administración de Justicia cada día. Todos estos problemas y deficiencias lo único que provocan son un hartazgo en los funcionarios, así como una acumulación del trabajo y como consecuencia un gravísimo retraso en la tramitación de los expedientes repercutiendo siempre en los derechos de la ciudadanía. Y todo esto ocurre después de que el Ministerio lleve años invirtiendo millones en la implementación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, que jamás funcionan correctamente y que cada vez que intentan mejorar algo lo único que consiguen es que las aplicaciones con las que trabajamos y que es lo que debe de funcionar, dejen de hacerlo. Los propios funcionarios piden al gobierno central que pase las competencias de justicia a la junta de Castilla y León como ya ocurre en otras comunidades. Con esto se daría más fluidez al trabajo y mejorarían sus condiciones salariales, en Madrid cobran hasta 300 euros más al mes.