Castilla-La Mancha demanda al Gobierno de Sánchez por ignorar al Supremo y retrasa la protección del Tajo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado la vía judicial para exigir al Gobierno de España que cumpla con sus propias leyes. La demanda se produce tras el incumplimiento del plazo, fijado para el 9 de febrero de 2024, para modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, una obligación recogida en el Real Decreto 35/2023 del Plan de Cuenca del Tajo.

Esta situación se agrava al ignorar las seis sentencias firmes del Tribunal Supremo que obligan a establecer los caudales ecológicos fijados para el año 2027 en los espacios de la Red Natura 2000. Según las denuncias, el cambio se ha producido "sobre el papel, en las leyes, no en la realidad", mientras el Gobierno central todavía no ha dado el primer paso de los tres escalones previstos.

Temor a la presión de los regantes

La demora del Ejecutivo central podría responder al temor de un conflicto con los regantes del Levante según el experto Miguel Ángel Sánchez. La aplicación de las nuevas reglas de explotación supondría un cambio drástico, ya que el volumen de agua trasvasada podría reducirse a la mitad. "Si tuviésemos unas nuevas reglas, probablemente no estaríamos hablando ni de 400 hectómetros cúbicos", señalan las voces críticas, en lugar de los casi 800 hectómetros cúbicos que se prevé enviar este año.

Si tuviésemos unas nuevas reglas, probablemente no estaríamos hablando ni de 400 hectómetros cúbicos""

Miguel Ángel Sánchez

Naturalista, experto en materia hidrológica 

Un futuro en riesgo pese al espejismo

El actual periodo húmedo se considera un "espejismo" que enmascara el futuro del río. Se advierte de que la transferencia masiva de agua provocará que, en los próximos años de sequía, el Tajo vuelva a ser "un charco de agua inmunda" en ciudades como Toledo y Talavera, que se verían gravemente perjudicadas.

El Tribunal Supremo avala que los caudales ecológicos del río Tajo deben entrar en vigor de forma inmediata: “Zona protegida”

Por ello, se insta a los ayuntamientos de Toledo y Talavera a que acompañen al gobierno de Castilla-La Mancha en su exigencia. La reclamación es clara y unitaria: "Ahora hay que exigirle al gobierno de España que cumpla la ley", una demanda que busca un cambio definitivo en la gestión del trasvase.