Los trabajadores de cosechadoras contra la resolución de incendios

A menos de 15 días para que dé comienzo la campaña de siega 2025, los trabajadores de máquinas cosechadoras de Guadalajara han expresado su malestar por las limitaciones a su trabajo y, por tanto, por las pérdidas económicas que supone la nueva resolución de incendios publicada por la Viceconsejería de Desarrollo Sostenible. 

"Nos sigue parando los días de riesgo muy alto, salvo que la persona que pueda llevar un tractor con un tractorista, que está considerado a la vez de observador, esté durante esas horas centrales del día" -ha señalado Félix de Andrés, presidente de la asociación que agrupa a estos profesionales, ATAMACO, añadiendo que siguen teniendo que pedir "una autorización para poder cosechar". 

En este sentido, ha puntualizado que esa autorización es necesaria "siempre en esas zonas a menos de 400 metros del monte; el que está más lejos de 400 metros, sí necesita la autorización más que nada por ir un poco curado en salud, pero puede cosechar todo el día".  Evidentemente, cuando el riesgo es extremo, "seguimos igual: no podemos cosechar". 

Ante estas limitaciones de su actividad, la principal reclamación de ATAMACO es "la exclusión de las cosechadoras de esa ley", a la que se han referido como "una barbaridad", y poder así "trabajar con toda libertad".

En caso de que esa exclusión no sea posible, una de las medidas que los profesionales del sector de las cosechadoras han planteado a la Administración regional es "crear unos cinturones de seguridad o acotar más las zonas con riesgo de un gran incendio", petición que también ha caído en saco roto, ya que, tal como ha lamentado De Andrés, "a nuestros políticos no les termina de entrar en la cabeza".

El único aspecto de esa resolución que el presidente de ATAMACO califica como positivo es el avance en el concepto de monte en Castilla-La Mancha, ya que, mientras el año pasado "estaba contemplado a partir de 0,01 hectáreas", haciendo que "cualquier cuneta, cualquier reguera, cualquier pequeña isla que hubiera en la parcela se considerase monte", ahora ha pasado a contabilizarse a partir de "5 hectáreas". 

Un "salto grande" que, aun con todo, se traduce en "barra libre para las provincias de Toledo, Ciudad Real y Albacete, en las que la tipología de campo es totalmente diferente a la nuestra".

Además, De Andrés ha advertido de que faltan máquinas para cosechar, ya que las exigencias administrativas están provocando su retirada del mercado, teniendo como consecuencia que la cosecha "no se va a hacer en tiempo y forma", o lo que es lo mismo "se va a alargar el tiempo, no se va a recoger en su momento y eso va a ocasionar pérdidas, aparte de aumentar en tiempo el riesgo de los incendios".

Finalmente, el presidente de ATAMACO ha insistido en que su maquinaria "no provoca chispas" y por tanto, los casos en los que se origina un incendio forestal "son accidentes", sin olvidar que "hay determinados riesgos que tenemos que asumir".  

"Si la media de toda Castilla-La Mancha por incendio anualmente se instala en 1.300 hectáreas, ¿de verdad eso es lo que nos preocupa para prohibir un trabajo? Eso supone, según nuestra consejera, el 7%, ¿del otro 93% no nos conviene hablar?" -ha preguntado Félix de Andrés, pidiendo "un poquito de coherencia para todos y de respeto para el sector". 

Y es que, aunque ha reconocido que entre la Administración y su organización "sí hay diálogo", falta "consenso" y ha subrayado que, mientras que los únicos que ceden en las negociaciones son los trabajadores del campo, los representantes públicos "se limitan a prohibir por prohibir" y están haciendo "mucho daño al sector agrícola", algo que inevitablemente va a tener "repercusión sobre la gente de a pie". 

"No nos están tratando como nos merecemos" -ha concluido Félix de Andrés.