El Gobierno de Cantabria garantiza las ayudas nominativas y acusa al PRC de alarmar a los colectivos: "Buscan confundir"

El Gobierno de Cantabria ha garantizado que todas las entidades beneficiarias de subvenciones nominativas en 2025 cobrarán sus ayudas también en 2026, a pesar de la prórroga presupuestaria forzada por el voto en contra de PRC, PSOE y Vox. El consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, se ha visto obligado a comparecer este viernes para desmentir una carta enviada por el Partido Regionalista Cántabro a entidades y ayuntamientos beneficiarios de esas ayudas. 

En el documento, firmado por la diputada regionalista Paula Fernández, aseguran que el Gobierno cántabro "ha decidido no prorrogar las subvenciones nominativas previstas en las cuentas de 2025". Ante esta acusación, el consejero de Economía ha calificado las afirmaciones como "inexactitudes y falsedades", además de señalar que en el PRC "no saben gestionar presupuestos".

Una carta "con afán de confundir"

Según ha explicado Agüeros, la misiva del PRC, lejos de tranquilizar, "busca el efecto contrario: generar inquietud, confusión y alarma". El consejero ha acusado al PRC de actuar con incoherencia y de intentar justificar su voto en contra de los presupuestos de 2026. "Votan 'No' a los presupuestos que recogen esas nominativas, y ahora que se han dado cuenta de los efectos de dicha postura, pretenden justificar lo equivocado de su decisión", ha señalado.

La carta del PRC busca generar inquietud, confusión y alarma"

Luis Ángel Agüeros

Consejero de Economía

El consejero ha criticado dos afirmaciones de la carta que, según él, son fruto "de la ignorancia" o de la "mala fe". Una de ellas atribuye al Ejecutivo la "decisión del gobierno autonómico de no prorrogar las subvenciones nominativas previstas en las cuentas de 2025". Agüeros ha sido tajante al respecto: "No hay decisión del Gobierno de Cantabria, porque no puede haberla. Es la ley la que lo determina".

La ley impide la prórroga

Agüeros ha fundamentado su explicación en el artículo 38 de la Ley de Finanzas de Cantabria, que establece que la prórroga presupuestaria no afecta a los créditos de programas que terminan en el ejercicio. Ha afirmado que el Tribunal Constitucional ha determinado que "las subvenciones nominativas tienen una vigencia temporal, que alcanza el ejercicio presupuestario, y que, una vez vencido este, decaen y no son objeto de prórroga".

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Frente a la "confusión" generada por el PRC, el consejero ha aclarado que el Gobierno ya trabaja desde hace semanas en una solución. El mecanismo legal será la concesión directa, una vía excepcional que permite la Ley de Subvenciones "cuando se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública".

Nuevas ayudas y aumentos, bloqueados

Sin embargo, Agüeros ha advertido de las consecuencias directas de no haber aprobado unas nuevas cuentas. La prórroga obliga a trabajar con las mismas cuantías de 2025, por lo que no se podrán tramitar ni las nuevas ayudas ni los incrementos previstos en el proyecto de presupuestos para 2026. "Tenemos que partir de la misma cantidad que el presupuesto de 2025", ha remarcado.

Las subvenciones nominativas tienen una vigencia temporal, y una vez vencido el plazo, ya no son objeto de prórroga 

Luis Ángel Agüeros

Consejero de Economía

Entre los proyectos afectados se encuentran un incremento de 200.000 euros para el convenio de extinción de incendios del Ayuntamiento de Camargo o nuevas partidas para la construcción del campo de regatas en Campoo de Yuso (817.000 euros) o para instalaciones deportivas en Felices de Buelna y Ruiseñada. El consejero ha destacado que varias de estas ayudas bloqueadas por el PRC, PSOE y Vox estaban destinadas a ayuntamientos gobernados por los propios regionalistas, como Arredondo o Valderredible.

Finalmente, el titular de Economía ha reiterado que el Gobierno mantiene "vías abiertas" a la negociación para un nuevo presupuesto, aunque ha señalado que el tiempo corre en contra. Según sus cálculos, desde un hipotético acuerdo político hasta la entrada en vigor de las cuentas pasarían, al menos, dos meses y medio. Mientras, ha concluido, el Ejecutivo seguirá trabajando "con rigor, seriedad y sometimiento a la ley".