El desgarrador testimonio de un afectado por las sentencias de derribos en Argoños: "La ilusión de mi padre..."

Es un golpe que muchos temían y que ahora se ha hecho realidad. El Tribunal Supremo ha confirmado la anulación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Lo hace tras desestimar los recursos del Gobierno de Cantabria, y su decisión afecta de lleno a uno de los conflictos urbanísticos más enquistados de la región: el de las viviendas en riesgo de derribo en Argoños.

La cifra es contundente: 255 casas construidas hace décadas que hoy vuelven a estar en el aire. Muchas de ellas están habitadas por personas mayores, familias que llevan más de media vida esperando una solución. En total, se estima que el número de afectados se acerca al millar.

 Un conflicto que no deja de alargarse  

El origen de este conflicto se remonta a los años noventa, cuando se autorizaron desarrollos urbanísticos en suelos que, posteriormente, serían declarados no aptos por razones ambientales. Las sentencias de derribo comenzaron a llegar a principios de los 2000 y desde entonces, la inseguridad jurídica ha sido la norma para cientos de familias. El PORN aprobado en 2018 suponía un respiro, una vía legal para sostener las licencias otorgadas, pero ahora ha sido tumbado definitivamente.

Antonio Vilela es uno de ellos. Su casa está en una de las urbanizaciones afectadas y forma parte de la Asociación de Maltratados por la Administración. Y su testimonio estremece. "La ilusión de mi padre era que este problema se resolviera. Falleció el año pasado sin verlo", nos cuenta con la voz quebrada. Y no es un caso aislado. Según explica, ya son cerca de 300 los vecinos que han muerto sin que se les ofreciera una salida.

"Lo que no puede ser es que sigamos en esta tortura 25 años después. Pedimos que se activen los convenios ya firmados, que se llame urbanización por urbanización y que se diga a cada familia cuál es su futuro."

 Impacto emocional y desgaste continuo  

A lo largo de estos años, muchos afectados han desarrollado problemas de salud derivados del estrés. La incertidumbre se ha convertido en una constante y ha condicionado planes de vida, inversiones familiares e incluso herencias. “Hay quien no ha podido vender su casa, reformarla o dejarla en herencia con tranquilidad. Vives con miedo a perderlo todo, aunque tengas una escritura y hayas comprado legalmente”, cuentan desde la asociación.

Y es que el PORN anulado era, en la práctica, el último escudo legal que evitaba que se ejecutaran las sentencias de derribo. Sin él, las licencias de construcción concedidas en su momento pierden respaldo. Y eso pone en riesgo inmediato las casas que se construyeron amparadas por un planeamiento urbanístico hoy invalidado.

El Gobierno de Cantabria ya ha reaccionado. El consejero de Fomento, Roberto Media, se reunirá el próximo martes con los afectados. Dice que la situación es muy seria, que se respeta la decisión judicial, pero que los vecinos no pueden ser los paganos de este embrollo. Y promete que, como ya aseguró la presidenta Buruaga, nadie se quedará sin solución.

 Una solución que no puede esperar más  

"Queremos una solución definitiva, que se nos diga qué va a pasar y cómo. Esto ha tenido un coste brutal para las familias, para la región, para todos. No se puede alargar más."

La situación es compleja y no se resolverá de un día para otro. Pero el tiempo apremia. Porque los juzgados siguen su curso, los derribos siguen sobre la mesa, y muchas de esas familias ya no están para seguir esperando. Como dice Vilela, "la esperanza está, pero la paciencia se agota".