Cantabria zanja la polémica sobre los menores migrantes: “No hemos pedido eso”

El Gobierno de Cantabria ha querido salir al paso este lunes para aclarar una polémica que ha encendido el debate público: ¿quiere Cantabria expulsar a menores migrantes que están bajo su tutela? La respuesta, según la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, es clara: no.

“Es rotundamente falso que hayamos pedido la expulsión de ningún menor extranjero no acompañado. Ni tenemos competencias para ello, ni es nuestra intención”, ha subrayado la consejera. La explicación llega después de que haya trascendido que el Ejecutivo regional ha enviado a la Delegación del Gobierno los expedientes de 18 menores migrantes. 

 ¿Qué ha pasado?  

En Cantabria viven actualmente 26 menores extranjeros no acompañados. Son chicos y chicas, muchos adolescentes, que llegaron solos a España y que, por ley, quedan bajo la tutela del sistema de protección de menores. Algunos de ellos han contado que tienen familia en sus países de origen, y eso es lo que ha activado este proceso.

La ley obliga a analizar cada caso y valorar qué es lo mejor para el menor: si quedarse aquí en Cantabria o volver con su familia. Pero esa decisión no puede tomarla el Gobierno regional. La competencia es exclusiva de la Delegación del Gobierno, que debe analizar la situación, consultar con la Fiscalía, hablar con los propios menores y decidir qué hacer.

Por eso, desde la Consejería de Inclusión Social insisten en que lo único que han hecho es cumplir lo que marca la Ley de Extranjería: informar a Delegación de Gobierno de que hay 18 menores que han manifestado tener familiares en su país. A partir de ahí, es el Estado quien decide si se abre un expediente para estudiar si procede o no la repatriación. 

 Una polémica “artificial”  

“Lo que buscamos es protegerles, garantizar su interés superior, que tengan un lugar digno donde vivir. Cantabria es y será solidaria”, ha dicho Gómez del Río. La consejera lamenta que se esté generando lo que califica como una “polémica artificial e interesada”, y ha recordado que estos trámites se activan para cada menor de forma individual, con nombres y apellidos, analizando su caso concreto.

El Gobierno cántabro también ha explicado que la decisión de remitir estos expedientes no es improvisada ni reciente. Desde hace semanas, y en paralelo a los cambios normativos que afectan a la distribución de menores migrantes entre comunidades, el Ejecutivo ha hecho un análisis detallado de su sistema de protección para garantizar que todos los menores acogidos en Cantabria cuenten con las mejores condiciones posibles. 

 ¿Qué pasa ahora?  

Los próximos pasos dependen de la Delegación del Gobierno. Según marca la ley, ellos son los que deben pedir información a las autoridades diplomáticas del país de origen del menor, consultar a la Fiscalía, escuchar al propio menor y a los servicios sociales, y tomar una decisión.

Mientras tanto, desde el Gobierno regional insisten en lanzar un mensaje de tranquilidad: no hay ningún expediente de expulsión abierto desde Cantabria, ni es su intención abrirlo. “Estos niños no son números, son personas, y lo que queremos es asegurar que reciban la protección que necesitan”, ha subrayado la consejera.

El asunto ha estallado en un momento de máxima tensión entre comunidades autónomas y Gobierno central, que esta misma semana debatían cómo abordar el reparto de menores no acompañados entre regiones. Cantabria pide al Estado más información, más coordinación y más recursos para poder atender de manera digna a los menores que llegan solos a nuestra tierra.

Por ahora, lo que está claro es que, según el Ejecutivo cántabro, la prioridad es proteger el interés superior del menor y cumplir la ley. Las decisiones finales, insisten, no dependen de la comunidad autónoma, sino del Estado.