Cabreados, aburridos, desesperados... así se encuentran los cientos de afectados por sentencias de derribo en Cantabria. Tras más de 30 años de lucha para no perder sus viviendas y ante la falta de respuesta de las administraciones han decidido volver a la acción con movilizaciones y encierros. El portavoz de este colectivo, Antonio Vilela, reconoce en Cope que "después de tantos años, tantas promesas, a la hora de la verdad no se cumple nada. Todo se queda en papel mojado que las propias instituciones no cumplen lo que aprueban, es desesperante".

Para Vilela no hay voluntad política. "cuando hay volntad, hay interés, se hace. Cuando no lo hay sólo se mira hacia otra parte" asegura Antonio, para quien los ciudadanos también están siendo afectados ya que se está gastando mucho dinero en planes generales que no acaban nunca. "La fiscalía debería mirar lo que hay detrás para que esos planes nunca se lleven acabo".

Ante esta situación la Asociación de afectados por la Administración, AMA, ha decidido dar un ultimátum al gobierno y a los ayuntamientos afectados por sentencias de derribo y comenzar de nuevo a movilizarse sino se producen avances en la legalización de las viviendas con sentencias de derribo.

Además el próximo 31 de enero mantendrán el último encuentro con el gobienro regional y con los ayuntamientos antes de comenzar a movilizarse.