La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, ha asegurado que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dado su compromiso de que el Ejecutivo no dará un paso para la compra del edificio de la Consejería de Educación sin el visto bueno previo del Ayuntamiento capitalino.

A instancias del consistorio, la Audiencia Provincial ha visto indicios de que el inmueble es propiedad de Carlacan, empresa 'heredera' de Promotora Punta Larga y de Inversiones Las Teresitas, de Antonio Plasencia, condenado a prisión por la compra del frente de playa de Las Teresitas por un precio mucho mayor al tasado.

El Tribunal Supremio ratificó la condena para devolver más de 92 millones de euros de la operación. En declaraciones a COPE Canarias, Patricia Hernández espera que la compra del edificio por parte del Gobierno regional vaya a parar al Ayuntamiento una vez la Justicia se lo embargue a Carlacan.

Lo que no entiende la alcaldesa es por qué se ha estado pagando desde 2005 un alquiler mensual de 300.000 euros a Antonio Plasencia. "El Gobierno podía haber construido su propio edificio y, sin embargo, lo construye un promotor privado y al día siguiente lo tiene alquilado; Antonio Plasencia ha tenido mucha suerte a lo largo de los años con las administraciones de Coalición Canaria", ha manifestado.

A fecha de hoy faltan por pagar 34 millones de euros para la compra del inmueble de la avenida 3 de mayo de Santa Cruz y el Gobierno de Canarias ya tiene consignado 9 millones en los presupuestos de 2020.