La Consejería de Educación tiene un nuevo casero: el Ayuntamiento de Santa Cruz

23 días después del plazo máximo -que era de solo cinco- el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ya tiene en propiedad el edificio de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, en la Avenida de 3 de Mayo. El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, ha pasado por los micrófonos de COPE Canarias, donde ha celebrado la noticia, y ha explicado que el retraso se debe a que “el papeleo ha tardado más de lo debido, por la complejidad”, aunque los funcionarios no han parado.

Cabe recordar que en su momento, la sección Segunda de la Audiencia Provincial homologó el acuerdo alcanzado entre el ayuntamiento, en aquel tiempo presidido por la socialista Patricia Hernandez, y la familia de Antonio Plasencia, uno de los empresarios condenados en el “pelotazo” - tal como lo definió la Fiscalía Anticorrupción- de la playa de Las Teresitas.

Según la información publicada en su momento por COPE Canarias, el acuerdo consistía en la dación en pago, esto es, la entrega de dos edificios con la finalidad de restarlo de la responsabilidad civil derivada del delito, cifrada en 95 millones de euros.

300.000 EUROS AL MES DE ALQUILER

En concreto se trataba de dos edificios, la sede de la Consejería de Eduación en la Avenida de Tres de Mayo y el Edificio de Cabo Llanos, valorados en algo más de 50 millones de euros, así como el pago de otros 32 millones durante los próximos 14 años, garantizados con entre otras cosas, derivadas del parking del Centro Comercial Bulevar, el Hotel Urban Anaga y unos terrenos en La Gallega, en total 22 fincas urbanas.

En relación al destino del alquiler -más de tres millones y medio de euros anuales- asegura que vendrá a paliar el descenso de otros ingresos como la reducción de las transferencias del IGIC, o la propia dismunición de las tasas municipales.

En todo caso, el único escollo existente en la actualidad, está en tasar el valor exacto del Edificio de Cabo Llanos, ya que fue un punto discrepante entre la familia y el consistorio. Sobre este asunto, Bermudez ha apuntado que está pendiente de que concluya la tasación judicial, “ya que hay una discrepancia entorno al millón y medio de euros”, por lo que una vez que concluya, se procederá a la novación del contrato, para pasar a ser el propietario.

Por otro lado, el Gobierno de Canarias mantiene una opción de compra sobre el edificio, el alcalde ha indicado que no se opondría a que el ejecutivo la ejercitase.