Fernando Clavijo juega sus cartas.... y está en su derecho.

Miren como bien sabrán ustedes a estas alturas, la jueza Celia Blanco, que instruye el 'caso Grúas' en el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, ha dictado un auto por el que suspende la declaración judicial del presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, prevista para el viernes, en calidad de investigado, por el 'caso Grúas'.

El auto expone que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no ha remitido información sobre el recurso de casación interpuesto por Clavijo ante el Tribunal Supremo contra la desestimación del recurso de súplica, que deriva el caso del TSJC al juzgado lagunero.

De esta forma , la magistrada apunta que el recurso de casación es "extraordinario" y tiene "efectos suspensivos y devolutivos", de ahí que opte por suspender la declaración dado que el Supremo aún podría revocar el auto del TSJC y además, evitar diligencias de instrucción que pudieran resultar nulas.

Bien, resumido en tres líneas y con palabras llanas: el caso estaba en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero al perder su condición de aforado Clavijo por la entrada del nuevo estatuto de autonomía, tiene que volver al tribunal de primera instancia. ¿Y qué hace Clavijo? Pues interpone un recurso ante el supremo, para evitar que el caso vuelva al juzgado lagunero. Así que la jueza de La Laguna, ha dicho: “oiga yo no voy a perder el tiempo aquí instruyendo la causa, hasta que el Supremo no diga si soy competente o no”.

El resultado de todo esto es que Fernando Clavijo gana tiempo. Un tiempo que es clave, para llegar a las elecciones autonómicas sin tener que declarar como investigado. El presidente del gobierno podrá hacer su campaña con normalidad, sin el yugo de esa condición procesal y lo que es más importante, evitando la imagen de ver a un candidato sentado en el banquillo. En el auto ya no se habla de Clavijo como investigado, sino como interviniente en el proceso, una situación procesal que si bien es transitoria y puede volver a cambiar, favorece notablemente los intereses del presidente Clavijo.

Conclusión: Clavijo está en su perfecto derecho de utilizar todas las herramientas procesales y jurídicas a su alcance, en virtud del derecho a la tutela judicial efectiva que tenemos todos los españoles y que está consagrado en nuestra Constitución.

Los tiempos judiciales y políticos son diferentes, y tendrá que ser el tribunal competente, que todavía no está claro cuál es, el que determine si hay responsabilidades penales por parte del ex alcalde de La Laguna hoy presidente del Gobierno de Canarias. Y es más, como ciudadanos, todos tenemos el derecho a saber que ha pasado realmente y si se ha incurrido en algún tipo penal.

Pero cosa muy diferente, es hacer una campaña política del asunto con el único fin de derrocar a cualquier precio político y personal a Coalición Canaria del poder, en el contexto de un escenario cada vez mas radicalizado en el discurso y en el que la presunción de inocencia empieza a tambalearse.