El certificado de vulnerabilidad se convierte en el gran cuello de botella de la regularización de migrantes en Canarias: "El 80 % lo necesita"

El proceso de regularización extraordinaria para migrantes ha comenzado a andar, pero se enfrenta a un obstáculo principal que está actuando como un verdadero "cuello de botella": el certificado de vulnerabilidad. Según ha explicado Juan Carlos Lorenzo, coordinador de la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, este documento es la mayor demanda de las personas que acuden a sus oficinas y el principal escollo para completar el trámite.

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Este certificado acredita una situación de vulnerabilidad, como dificultades para encontrar empleo o la falta de ingresos económicos. Sin embargo, no es un requisito para todos. Están exentos de presentarlo los solicitantes de asilo, personas que ya han trabajado, que tienen una oferta de empleo, o aquellas que viven en una unidad familiar con menores o dependientes a su cargo. Solo es obligatorio para quienes no cumplen ninguno de los supuestos anteriores.

La frustración es palpable, ya que, según Lorenzo, para el 80% de las personas que se acercan a CEAR, "el único documento que le falta es el certificado de vulnerabilidad". Esta situación ha llevado al coordinador de CEAR a cuestionar la idoneidad del requisito: "Una persona que se encuentra en situación irregular, más vulnerabilidad que esa, de facto, pues no debería haber".

Dónde y cómo solicitar el certificado

Para obtener el documento, los interesados deben acudir a los servicios sociales de los ayuntamientos o a las entidades colaboradoras acreditadas. La información oficial se encuentra en las páginas web del Ministerio de Inclusión y del Gobierno de Canarias, que ha habilitado un portal específico con geolocalización de los puntos de solicitud. El gran reto, según Lorenzo, es saber si el sistema tiene "el músculo suficiente para poder dar una respuesta a todas las solicitudes".

Para afrontar la alta demanda, varios ayuntamientos canarios ya se están implicando. En Gran Canaria, se puede pedir cita a través del teléfono 010, y el municipio de Santa Lucía tiene previsto activar un punto de atención específico. Lorenzo subraya que la implicación de los servicios sociales municipales es "crucial" para dar capilaridad territorial al proceso.

Caída drástica de llegadas a Canarias

En paralelo al proceso de regularización, Juan Carlos Lorenzo ha informado de una caída drástica en la llegada de migrantes a Canarias. A fecha de 15 de abril, el descenso es del 82% en comparación con el año anterior. Lorenzo atribuye esta bajada a las políticas de control fronterizo y los acuerdos de externalización de fronteras de España y la Unión Europea con países como Marruecos, Mauritania y Senegal.

Lorenzo critica que estas políticas se centran en "respuestas securitarias" en lugar de "generar bienestar". La consecuencia directa es que los migrantes se ven forzados a tomar rutas cada vez más peligrosas y largas, con embarcaciones que parten desde puntos tan al sur como Gambia o Guinea, lo que convierte la travesía en un viaje "mucho más complejo, peligroso y, desgraciadamente, mucho más dramático".

con la inmigración, Hay que ser humano

En este contexto, han resonado las palabras de José Mazuelos, obispo de la Diócesis de Canarias, quien para concienciar sobre la dureza de la ruta atlántica propuso una imagen contundente: "A mucha gente habría que meterlos en un cayuco, estar 5 días en el Atlántico sin comer, para que vean cómo llegan". Y concluyó: "Si se quiere ser cristiano, y ya no solamente cristiano, si se quiere ser humano, hay que atenderlo y hay que cuidarlo".

Juan Carlos Lorenzo ha calificado las declaraciones del obispo como "muy conscientes y contundentes", necesarias para "visibilizar de una manera clara y diáfana la pena negra que pasa la gente". Según el coordinador de CEAR, estas palabras ayudan a generar empatía y a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva para paliar los efectos de esta realidad.

A pesar de los retos, desde CEAR confían en que el proceso de regularización "se desarrolle de la manera más normal y garantista posible". Lorenzo no descarta que, si la situación lo requiere, se deba "reflexionar en un momento dado si es necesario ampliar el plazo, flexibilizar algún tipo de requisito o reforzar las capacidades para dar respuesta". El plazo actual finaliza el 30 de junio.