El de la burocracia no es un problema nuevo, desde el "vuelva usted mañana" del que se quejaba Larra a las excesivas regulaciones y trámites de la Unión Europea contra las que cargan estos días agricultores y ganaderos, las relaciones entre las administraciones públicas y los ciudadanos siempre han sido difíciles. Y para complicar aún más las cosas llega la "burocracia defensiva".

"Los empleados públicos están empezando a mostrar algunos signos de no querer ejercer sus potestades, no querer ejercer sus poderes por miedo a las consecuencias que pueden derivarse personalmente para ellos", explica Antonio Bueno Armijo, profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Córdoba.

El fenómeno ha sido descrito por primera vez en Italia, pero Bueno considera que también empieza a darse en España y a él ha dedicado el trabajo por el que acaba de ganar el "Premio Franck Moderne" de la Cátedra Rafael del Riego del Buen Gobierno de la Universidad de Oviedo.

"Tenemos la imagen de que la administración, y es cierto, es un ente muy poderoso, muy potente", explica, destacando que "debajo de la administración lo que hay son personas concretas, seres humanos que no tienen superpoderes y que, de repente, se pueden ver envueltos en problemas penales o de responsabilidad contable por haber ejercido sus funciones."

El miedo a que se puedan derivar responsabilidades personales por su trabajo es lo que estaría llevando a que "algunos empleados públicos no quieran ejercer esas funciones. Eso es lo que en Italia se ha llamado burocracia defensiva o el miedo a la firma".

Un problema añadido que contribuye a atascar, aún más, los trámites. "El gran riesgo que entraña la burocracia defensiva es que puede dar lugar a la paralización de la administración", advierte el profesor Bueno, con lo que "esa idea de la burocracia, entendida como gran máquina paralizante, se vea finalmente cumplida. Es casi una profecía autocumplida".

¿Y esto cómo se arregla? "Esa es la pregunta del millón", nos contesta, apuntando que se han presentado varias ideas y algunas ya se están ensayando. Para Antonio Bueno, la solución debería pasar por "intentar delimitar más claramente las responsabilidades de los empleados públicos, intentar establecer algunos ámbitos seguros en los que el empleado público pueda tener la tranquilidad de que, actuando bien, sin negligencia, aunque cometa algún error, no va a ser él quien va a pagar directamente".