La juez de Vigilancia Penitenciaria ha anulado la progresión a tercer grado del exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, que cumple una condena de cinco años de cárcel por el “caso Marea”, al avalar los informes de tres médicos forenses que han certificado que su estancia en prisión no agrava su estado de salud.

En un auto, que no es firme, la juez acuerda que el exconsejero regrese al segundo grado en régimen ordinario tras estimar el recurso de apelación de la Fiscalía que se había opuesto a que pudiera disfrutar de un régimen penitenciario más atenuado.

La juez argumenta que las patologías que presenta Riopedre ya están siendo tratadas por los servicios médicos especializados apoyándose en los informes de tres médicos forenses y al tener en cuenta que todos los expertos coinciden en que la permanencia en prisión no afecta a su salud física.

El auto, que puede ser recurrido, echa por tierra las tesis de la defensa que ha venido manteniendo que el exconsejero de Educación sufría un serio empeoramiento de su salud desde su ingreso en prisión, como ha certificado el equipo médico que le ha propuesto para la libertad condicional.

La abogada defensora, Anabel Prieto Torices, basaba su petición para que Riopedre accediera a un régimen de semilibertad en que su excarcelación había sido una propuesta de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Asturias que, de forma expresa, se reunió para analizar su caso ante el empeoramiento que ha experimentado en los últimos meses, especialmente al padecer varias patologías previas, sobre todo de corazón, y haber cumplido ya los 80 años.

Prieto ha señalado que es «incierto» que no haya variado la situación de Riopedre, como sostiene la Fiscalía para informar desfavorablemente a su libertad, ya que, según afirma la letrada, las pruebas médicas así lo corroboran.

La defensa había solicitado el pase a régimen de tercer grado y la libertad condicional del exconsejero aludiendo a «razones humanitarias», pero hasta ahora sus peticiones habían sido denegadas.

La Fiscalía anunció, el pasado mes de abril, su oposición a la libertad condicional y emitió un informe desfavorable al alegar que no existe ninguna circunstancia que haya hecho variar la situación del condenado desde el último auto judicial por el que se denegó su progreso a tercer grado, y teniendo en cuenta además que aún no ha cumplido la cuarta parte de la condena impuesta.

Aunque el Ministerio Fiscal ha reconocido que el exconsejero padece diferentes patologías, entre ellas una enfermedad cardiaca, entiende que no hay un informe nuevo que haga pensar en la necesidad de su excarcelación.

Por otro lado, la salida del centro penitenciario del exconsejero en este momento dejaría, a juicio del Ministerio Fiscal, sin efecto el fin último de la pena, como es la reinserción social del penado, y considera que sería «desmoralizador» para el conjunto de la sociedad el hecho de que, al no haberse cumplido ni la cuarta parte de la condena, su comportamiento quedara sin el correspondiente castigo, impuesto por la Audiencia Provincial y ratificado por el Tribunal Supremo.

El exconsejero socialista ingresó en la cárcel de Asturias en octubre del pasado año por su implicación en el mayor caso de corrupción destapado en la administración regional por las irregularidades en la concesión de contratos y fue condenado a cinco años por su autoría en los delitos de prevaricación, falsedad documental y cohecho.