El exalcalde de Teverga, otra vez a juicio

El exalcalde de Teverga, el socialista Berlarmino Álvarez, será juzgado de nuevo por un delito de prevaricación del que se le acusa por la constitución y adjudicación de contratos municipales a la cooperativa Teverga Forestal y Servicios.

El juzgado de instrucción número 1 de Grado ha acordado continuar con la tramitación de las diligencias previas y ha abierto ya el plazo para que las acusaciones formulen escrito de acusación y soliciten la apertura de juicio oral contra el exalcalde y el exsecretario-interventor, Isidro Suárez Alonso

De las actuaciones practicadas se desprende, añade el auto, que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito continuado de prevaricación imputable a ambos.

El auto judicial señala que el que fuera alcalde de Teverga entre 2011 y 2015, "guiado por el ánimo de eludir cualquier tipo de control administrativo o limitación en la contratación", decidió en en junio de 2013 que seis supuestos cooperativistas constituyesen "Teverga Forestal y Servicios" (TFS).

La cooperativa "no era más que un instrumento formal creado para dar una apariencia de legalidad a relaciones laborales encubiertas de los componentes y trabajadores de la cooperativa", señala el juez, que mantiene que esta sociedad estaba sometida al control del investigado.

Al parecer, el alcalde "llegó a fijar la retribución mensual" de los socios de la cooperativa que, según el auto, "estaba bajo el control absoluto" del investigado, que también facilitó una sede social a TFS, con un contrato firmado antes de que la sociedad estuviese constituida, y la maquinaria y herramientas necesarias para que pudiera empezar a trabajar.

El entonces interventor del Ayuntamiento "actuó de acuerdo con el alcalde", transfirió fondos públicos para la constitución de la cooperativa y "obvió de forma voluntaria" el control sobre los contratos que se le adjudicaban.

Entre julio de 2013 y mayo de 2015 TFS se benefició de contratos municipales por un importe superior a los 262.000 euros y sólo firmó tres contratos más al margen del Ayuntamiento.

Los cooperativistas realizaban además sus trabajos "de forma indiferenciada" con los empleados municipales y que empleaban también la maquinaria, combustibles y materiales aportados por el Ayuntamiento.

Esta situación llevó a que en septiembre de 2015, un juzgado de los Social reconociese a los trabajadores de la cooperativa como trabajadores del Ayuntamiento, al que condenó al pago de 116.000 euros en concepto de indemnizaciones.

Berlarmino Álvarez ya fue condenado el pasado año por un delito de prevaricación administrativa por la contratación de su hija a una pena de inhabilitación de siete años para ejercer cargos públicos.

La Audiencia consideró acreditado que el exalcalde suscribió con su firma dos resoluciones que facilitaron la contratación de su hija para la realización de prácticas profesionales no laborales, en el marco del Plan de Empleo para Jóvenes 2013-2014, subvencionado por la Consejería de Economía del Principado.

A raíz de esta condena, el pasado septiembre se vio obligado a pagar 11.074 euros al Ayuntamiento en concepto de devolución de las subvenciones cobradas ilegalmente por esa contratación.