El ultimátum que han recibido los vecinos vulnerables de un edificio de Gijón: pagar 20.000 euros en diez días o desahucio

El calvario que comenzaron hace diez años un grupo de familias del barrio de Contrueces, en Gijón, podría terminar de la peor manera en solo diez días. La Sareb, coloquialmente conocida como el ‘banco malo’ y actual propietaria del edificio en el número 3 de la calle Río Piloña, les ha enviado un ultimátum a través de un burofax: o abonan 20.000 euros por vivienda en concepto de rentas atrasadas o presentan un plan de pagos en un plazo máximo de una semana y media.

Los vecinos, como explica uno de los afectados, Pepo, consideran la petición inasumible. Según relata, la constructora que les alquiló los pisos se declaró en quiebra y la deuda que ahora se les reclama no tiene base legal. Es "inasumible porque ninguna persona puede asumir este coste, y es insostenible porque no tiene base legal, ya que no hay una situación contractual que ate a los vecinos con la Sareb", afirma.

Es inasumible porque ninguna persona puede asumir este coste ni tiene una base legal"

Pepo González

Uno de los vecinos del edificio ubicado en el número 3 de la calle Río Piloña de Gijón

Sin base contractual

Los inquilinos aseguran que su única relación contractual era con la constructora, a la que afirman haber pagado las rentas, incluso después de su quiebra. Por ello, rechazan que los contratos se hayan subrogado y recuerdan que el Tribunal Supremo ya ha fallado a favor de otros inquilinos en situaciones de precariedad idénticas.

Ante esta situación, Pepo pide al Gobierno de Asturias que cumpla su compromiso de intermediar con la Sareb para evitar los desahucios. "Nosotros pedimos que con celeridad se medie, con celeridad se busque una solución, se ponga fin a este sinsentido de exigir 20.000 euros a familias vulnerables, con el fin de poder quedarnos en nuestras casas", reclama el vecino.

Críticas a la práctica "abusiva" de la Sareb

Por su parte, la exdiputada regional de Podemos, Covadonga Tomé, ha criticado duramente las prácticas de la Sareb con estas familias. Tomé considera este ultimátum una práctica "abusiva" y ha pedido que termine el "hostigamiento económico" hacia los vecinos. Además, se ha sumado a la reclamación de los afectados y exige al Principado una solución definitiva para ellos.