Dos años del derrumbe del 21 de la calle San Francisco de Teruel: "Más que un infierno, una pesadilla"

13 de junio. Es una fecha marcada en el calendario turolense.

Dos años desde que colapsó el número 21 de la Calle San Francisco. Dos años desde que 21 familias lo perdieron todo.  El edificio Amantes, de 49 años de antigüedad, tenía cinco plantas, 21 pisos y 25 garajes.

Dos años después, todavía no se sabe el por qué, cuáles son las causas, y no se han establecido las responsabilidades en el derrumbe. Un colapso que también provocó importantes daños en el número 19, que será demolido, y en el 23-24.

Hace justo un año, los vecinos presentaron una reclamación por posible responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Teruel turolense, que se extiende a Aguas de Valencia, y que cuantifican en unos 4 millones de euros entre daños materiales y daños morales.

"AYUDAS SÍ, PERO NO COMPROMISO"

Javier Carbó es el portavoz de la plataforma de afectados por el derrumbe. Y Elvira Martín es portavoz del grupo de trabajo de la Asociación de Vecinos del Barrio del Carmen. Ambos han pasado por COPE con motivo del segundo aniversario del colapso para hablar de cómo está la situación.

Javier Carbó ha explicado que, dos años después del derrumbe, persiste una gran incertidumbre. Aunque han cambiado algunas cosas desde el inicio del suceso, muchas siguen sin resolverse. Con el paso del tiempo, surgieron complicaciones adicionales, no solo relacionadas con la caída de la finca en sí, sino también con todo lo que esto implicaba a su alrededor. La falta de soluciones concretas ha mantenido a los afectados en una situación de tensión constante.

El segundo aniversario del derrumbe no es solo una fecha simbólica, sino también un punto de frustración. A diferencia del primer año, cuando aún existía cierta esperanza de resolución, ahora los vecinos ven cómo los plazos legales se acumulan y cómo cada fecha clave se convierte en otro obstáculo más. Carbó ha destacado que desde el principio tuvieron claro que debían realizar pruebas por su cuenta para demostrar que no eran responsables del colapso del edificio. Sin embargo, llevar a cabo estas pruebas "ha resultado extremadamente difícil debido a múltiples trabas burocráticas". 

Presentaron su prueba pericial el 27 de febrero, un documento técnico que señalaba afecciones en el sistema de saneamiento, incluyendo filtraciones de agua pluvial y fallos en un hidrante del callejón del Gato. Consideraban que esto era una prueba contundente de una causa externa del derrumbe y esperaban que, a partir de ahí, las demás partes se activaran. Sin embargo, denuncian en COPE que no solo no hubo agilización, sino que observaron un trato desigual en los plazos otorgados: a las compañías aseguradoras se les permitieron tiempos muy superiores a los estrictos plazos que les aplicaron a ellos.  

Javier denuncia que mientras a los vecinos se les exigía cumplir estrictamente con un mes para presentar pruebas, a entidades como Aguas de Valencia se les otorgaron cuatro meses, e incluso más. Después de entregar su informe el 27 de febrero, pasaron dos meses sin recibir ninguna respuesta. A su sorpresa, el Ayuntamiento aceptó la petición de Aguas de Valencia de extender el plazo de pruebas hasta diez meses, mientras el Consorcio de Seguros "ni siquiera tenía plan de actuación". Además, "la aseguradora del propio Ayuntamiento declaró no estar en condiciones técnicas ni humanas de realizar las pruebas". Esto, según Javier, constituye una "burla hacia los vecinos y evidencia una total desigualdad en el trato".  

La situación se agrava cuando, al aceptar el Ayuntamiento un plazo mayor para Aguas de Valencia, las otras compañías también piden más tiempo. Finalmente, se les otorga a todos un plazo hasta el 19 de septiembre. Para los vecinos, esto significa volver a empezar casi desde cero, pese a los esfuerzos de los últimos dos años. Se sienten atrapados en una maraña legal y administrativa sin avance real.  

acompañar

Aunque desde el consistorio se ha reiterado públicamente que están del lado de los afectados, los portavoces vecinales no comparten esa percepción. Agradecen, sí, las ayudas de emergencia para el alquiler, pero critican duramente la falta de implicación en las investigaciones. “No se trata solo de pagar un piso, sino de facilitar la búsqueda de la verdad, y no poner más trabas”, subraya Elvira.

La sensación de desamparo se ha agravado por la falta de transparencia. Tras múltiples intentos de inspección con robots, cámaras y drones, los vecinos aseguran que nadie les ha mostrado los resultados oficiales. “¿Cómo se puede decir que todo está bien si ni siquiera han mostrado lo que hay dentro de las tuberías?”, se preguntan. 

Este viernes, en el segundo aniversario del colapso, los vecinos no convocan una protesta, sino un acto de acompañamiento. Será una manifestación distinta. “Una tubería rota es un problema técnico. Perder tu casa es un problema de vida”, reflexiona Elvira. Por eso, el objetivo es dar calor humano, apoyo moral, presencia. “De un suspiro, esperanza”. Es una frase que resume el espíritu de quienes, pese a todo, no se rinden.

Esperan que la ciudadanía de Teruel acuda, no solo en solidaridad con los afectados, sino como forma de ejercer memoria y exigir justicia. 

Y lo que queda por delante —pruebas técnicas, informes pendientes, responsabilidades por asumir— aún dibuja un horizonte incierto.