El sector olivarero aún sigue en “movilización permanente” aunque tuvo que suspender las acciones y manifestaciones por culpa de la pandemia. Los agricultores insisten en que hay que mejorar sus situación de “prácticamente ruina” por culpa del desplome de los precios y la “especulación” en el mercado que mantiene a los costes de producción por encima del precio en origen. Todas las organizaciones agraria pidieron al ministro de Agricultura que adoptara medidas o “en cuanto se pueda volveremos a sacar los tractores a la calle y a las carreteras”. Planas ha reaccionado y ha presentado un decálogo para la supervivencia del olivar español

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha desgranado un paquete de 10 medidas, algunas de ellas para poner en marcha esta misma campaña 2020/2021, que comienza el 1 de octubre. Planas está dispuesto a asumir el liderazgo para llevar a cabo las medidas para una necesaria valorización del sector y mejorar la retribución de los olivareros y solicita que cada eslabón de la cadena asuma las responsabilidades que le corresponden.

Llamada a la cooperación

Eso sí también ha hecho un llamamiento a la “corresponsabilidad” de todos los eslabones de la cadena, también de la administración autonómica. “Si tomamos las decisiones oportunas, tenemos mucho futuro ante nosotros, pero si no actuamos, una parte del sector está llamado a desaparecer”. El ministro ha apelado al compromiso del conjunto del sector y ha asegurado que este Gobierno es sensible a la crítica situación por la que atraviesa la olivicultura española. “El mercado funciona mejor si cada uno hace lo que debe y asume su responsabilidad”, ha recalcado Planas.

“Está en juego salvar tanto esta campaña como las siguientes”, según el ministro, quien ha añadido que “el bosque del olivar es clave para el mantenimiento de la España rural y no solo en Andalucía”, en referencia a que se trata de un cultivo social de gran importancia en el medio rural, que está presente en 13 comunidades autónomas.

Decálogo

1. Sistema de autorregulación voluntaria de la producción para las cooperativas (que suponen el 67 % de la producción de aceite de oliva) para inmovilizar hasta el 10 % de su producción cuando las disponibilidades para una campaña sean muy elevadas que redundaría en estabilidad de precios.

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2. Norma de calidad para fomentar la cosecha temprana. Práctica que influye en una menor producción, pero de mayor calidad.

3. Norma de comercialización para regular la producción de aceite de oliva (prestaciones en forma de producto elaborado). De esta forma se podría inmovilizar parte del aceite de oliva producido durante un período de tiempo determinado.

4. Nueva norma de etiquetado para el aceite de oliva, que diferencie el virgen extra obtenido a través de sistemas de producción ligados al olivar tradicional, de gran valor social y medioambiental.

5. Nueva norma de calidad para el aceite de oliva. Real decreto que ya está en tramitación y cuyo objetivo es mejorar la calidad y trazabilidad del aceite de oliva y reforzar su control.

6. Promoción. Aumentar la dotación presupuestaria para realizar más campañas sobre todo en la UE y en mercados terceros para difundir el aceite de oliva, producto muy saludable y emblema de la Dieta Mediterránea.

7. PAC. Apoyar las externalidades positivas del olivar tradicional a través de la ayuda básica a la renta de la nueva PAC y mediante los ecoesquemas aplicables a los cultivos leñosos.

8. Desarrollar un programa específico de apoyo al sector del aceite de oliva en la futura PAC. Dotado con fondos del primer pilar y con medidas, similares a las del sector del vino, con capacidad de regular la oferta, así como para incentivar la calidad y la promoción.

9. Incrementar la superficie de olivar ecológico en 2030 en el marco de la nueva PAC con incentivos que permitan, al menos, triplicar la superficie de olivar ecológico en el horizonte 2030.

10. PAC. Apoyar la reestructuración del olivar tradicional para reducir los costes de producción. Estas explotaciones están muy atomizadas y dispersas. A través de los fondos del desarrollo rural se puede incentivar cambios estructurales que pongan en valor su producción y aminoren sus costes.

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