El juicio al fiscal general destapa la politización de la justicia en España

El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos ha quedado visto para sentencia. En su columna de opinión Ad Libitum, el analista Javier Pereda subraya que este hecho inédito evidencia la "vergonzosa politización de la justicia" y la injerencia del poder ejecutivo en la Fiscalía.

La sombra del Gobierno

Pereda señala directamente al presidente del Gobierno como el "causante de este juicio" por utilizar la institución para "atacar a su rival político, Isabel Díaz Ayuso". Sostiene que el ejecutivo socialista "ha colonizado todas las instituciones" y que García Ortiz ha sido "complaciente con el poder", una línea heredada de su antecesora, Dolores Delgado.

Según el columnista, ningún fiscal independiente se aferraría al cargo tras la apertura de juicio oral por parte del Supremo, lo que sugiere un pacto con Pedro Sánchez. Pereda vaticina que, si es condenado, el Gobierno podría recurrir a un indulto, ya que también cuenta con el respaldo de la Abogacía del Estado y la propia Fiscalía.

La batalla por el relato

El presidente Pedro Sánchez se anticipó al fallo judicial en una entrevista en El País, lo que Pereda califica de "indecente e imprudente". El analista denuncia la presión a la independencia judicial con las palabras del presidente: "el fiscal general es inocente, y más aún tras lo visto en el juicio".

El fiscal general es inocente, y más aún tras lo visto en el juicio"

Javier Pereda

Pereda opina que, con estas declaraciones, Sánchez no solo presiona a los jueces, sino que "termina por asumir de facto las competencias del poder judicial". El columnista advierte que el Gobierno hará casus belli de este asunto para no perder el relato, atacando a los jueces si la sentencia es condenatoria o ensalzando a García Ortiz si es absolutoria.

Las claves jurídicas del caso

Desde el punto de vista jurídico, Pereda destaca que el tribunal deberá valorar las pruebas "según su conciencia", al no existir una prueba irrefutable. Sin embargo, considera que el borrado de pruebas del teléfono y correo de García Ortiz es uno de los "indicios más sólidos" en su contra, ya que "nadie borra ni destruye unas pruebas decisivas con las que podría defenderse".

Finalmente, el artículo recuerda la imagen del fiscal general sentado en el banquillo, despojado de sus ropones, y apela al principio de presunción de inocencia. Pereda concluye que el tribunal solo podrá condenar desde la "certeza moral", nunca desde la duda, en aplicación del principio "in dubio pro reo".