El Residencial Macarena de Matalascañas se ha convertido en una auténtica ratonera con una sola vía de entrada y salida y rodeada de un campo de Golf abandonado desde hace años.

Hace unos años el campo cerró y llegó el abandono con lo que las vías peatonales existentes se han convertido en una auténtica selva intransitable.

Helenio Piñero, presidente de las fases 2 y 3 de Macarena Club, las más afectadas, explica que sobre todo los mayores se han quedado aislados a expensas de que alguien en coche pueda acercarlos al pueblo. Temen además que la falta de cuidado y limpieza provoque un incendio del que no puedan salir porque la urbanización es una auténtica ratonera.

Están recogiendo firmas, es la última iniciativa. Se han reunido en varias ocasiones con los responsables municipales, que conocen la problemática. Incluso se les ha presentado un proyecto para reabrir las vías peatonales sin obtener respuesta. Tienen más de 200 firmas que harán llegar al consistorio

Por su parte el PP llevará una moción al próximo pleno del ayuntamiento para que se le de una solución a estos vecinos. En la misma desde el PP explican que se da la circunstancia de que, en el pasado, existía una vía alternativa situada en el extremo sureste del sector K de Matalascañas. Este acceso, sin embargo, fue ocupado de forma ilícita porel propietario de la parcela 29 de dicho sector, tal y como reconoce el acuerdo de 24 de abril de 2003 del Ayuntamiento de Almonte y corrobora la sentencia de 12 de febrero de 2008 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su Sección Tercera. Con esta ocupación de una vía pública el mencionado propietario incurre no sólo en la apropiación de un terreno que no le corresponde, sino además en el bloqueo de una vía de acceso que posibilitaría contar con una alternativa a la única habilitada en la actualidad.

El mencionado acuerdo consistorial aprobaba la recuperación de la vía pública, un paso peatonal que había sido cerrado con una cancela. Aún hoy, se impide el paso a pesar de que se ordenaba al vecino la retirada de la ocupación en un plazo máximo de 10 días. En caso contrario, se procedería a la ejecución subsidiaria del desalojo por parte del Ayuntamiento.

Casi 20 años después, ni el vecino ha acatado la orden del Ayuntamiento ni la administración local ha ejecutado la medida acordada como era su obligación.