Andalucía se fractura: dos millones de personas no logran salir de la exclusión social

El Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía, presentado por Cáritas Andalucía, ha lanzado una seria advertencia: la desigualdad se ha cronificado en la comunidad. Según el estudio, el 23% de la población, casi dos millones de personas, vive en exclusión social, y un 10% de ellos la sufre de manera severa. Los principales ejes que explican esta fractura son la vivienda y el empleo.

Una fractura social consolidada

El análisis de la situación dibuja un escenario de fragmentación social profundo y persistente, resultado de más de dos décadas de crisis encadenadas que las recuperaciones no han logrado cerrar. "No estamos ante una situación coyuntural, sino ante dinámicas estructurales que se consolidan", ha explicado Daniel Rodríguez de Blas, coordinador del informe. La tasa de exclusión andaluza (23,1%) supera con claridad la media estatal (19,3%).

El dato más preocupante es el aumento de la exclusión severa, que ya afecta al 10,2% de la población, lo que supone 270.000 personas más que en 2018. Al mismo tiempo, retrocede la integración plena: solo cuatro de cada diez andaluces no presentan a día de hoy ningún indicador de exclusión social.

Frente a los discursos que apuntan a la pasividad individual, el informe es contundente: "No fallan las personas, falla el sistema". Los datos demuestran que la mayoría de los hogares en exclusión buscan activamente salir de su situación, pero se topan con dispositivos fragmentados y recursos insuficientes. Rodríguez ha lamentado que "cuando el sistema falla de forma sistemática, la exclusión no solo se reproduce: se cronifica".

Vivienda y empleo, los grandes lastres

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La vivienda es el principal eje de la exclusión en Andalucía, afectando a casi una de cada cuatro personas. Desde 2018, su precio de compra ha registrado un aumento del 65%, un incremento muy superior al de los salarios. Este sobreesfuerzo empuja a más de 400.000 hogares a vivir por debajo del umbral de la pobreza severa tras pagar facturas, y sitúa al 43% de las personas que viven de alquiler en riesgo de pobreza.

Junto a la vivienda, el empleo se confirma como el segundo gran motor de la exclusión. A pesar de la mejora en las cifras de ocupación, trabajar ya no es suficiente. El actual contexto de inflación y el encarecimiento de la vivienda han reducido la capacidad protectora del empleo. "Reduce el riesgo de exclusión, pero ya no lo elimina y para demasiadas personas se ha convertido en una experiencia frágil y vulnerable", ha subrayado Rodríguez, apuntando además a que el salario medio es 7,6 puntos inferior a la media nacional.

La salud se ha convertido en uno de los espejos más claros de desigualdad social"

Daniel Rodríguez de Blas

coordinador del informe FOESSA

Los rostros de la exclusión

El informe de FOESSA revela que la exclusión tiene "rostros claros y repetidos". Afecta a casi la mitad de las personas de nacionalidad extranjera (48%), más del doble que a las de nacionalidad española (20%). También golpea con dureza a la infancia y la juventud, con casi tres de cada diez menores en situación de exclusión (29%). Finalmente, la brecha de género es evidente, con una mayor incidencia en los hogares encabezados por mujeres.

La dimensión de la salud también se ha cronificado como un factor de desigualdad. Hoy, uno de cada cinco hogares sufre exclusión vinculada a la salud, principalmente por motivos económicos, como las dificultades para comprar medicamentos. Según ha concretado Rodríguez, "la salud se ha convertido en uno de los espejos más claros de la desigualdad social", con una brecha notable en la incidencia de problemas de salud mental entre la población integrada y la excluida.

Ante este modelo de desarrollo "agotado", el informe propone un cambio de rumbo hacia un nuevo pacto social que se apoye en tres pilares. Estos son una sociedad civil activa que teja vínculos, unas instituciones públicas fuertes que garanticen derechos y una clase política capaz de construir consensos a largo plazo. En esta línea, Francisco José Sánchez, presidente de Cáritas Andalucía, ha hecho un llamamiento a asumir la responsabilidad "en lo político, en lo personal y en lo comunitario".