El edificio judicial de Caleta acoge desde este martes, dado el elevado número de acusados, el juicio que inicia la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada contra un total de 23 procesados por haber participado supuestamente de operaciones en las que se concertaban para obtener préstamos financieros para la compra de coches que luego revendían los dos principales acusados "haciendo suyo el importe de la venta y dejando" impagados los créditos "en perjuicio de la entidad financiera".

Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, que pide penas de hasta cuatro años de prisión, estos dos procesados supuestamente "puestos de común acuerdo y con la intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito, crearon una estructura para captar por Internet personas con problemas de solvencia económica".

Habrían generado "para cada sujeto pactado una documentación mendaz con el fin de aparentar su solvencia, dirigida a burlar los controles de entidades financieras y con ello obtener la concesión de préstamos para la adquisición de vehículos".

Así las cosas, según prosigue el fiscal, "concedidos los préstamos y adquiridos los vehículos, inmediatamente se vendían por los dos investigados a terceras personas, haciendo suyo el importe de la venta y dejando impagado el préstamo concedido para la adquisición en perjuicio de la entidad financiera".

Para ello se habrían valido de un vendedor de un concesionario de Granada, también investigado, quien supuestamente "con pleno conocimiento de la actuación fraudulenta, tramitaba las ventas de vehículos ocultando a la entidad financiera la mendacidad de los datos aportados para la concesión del préstamo".

Estos tres procesados se enfrentan a peticiones de penas de cuatro años de prisión para cada uno de ellos por la presunta comisión de delitos continuados de estafa en concurso con otros de falsedad en documento oficial y mercantil.

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Se habrían concertado en algunos casos con los otros investigados, que se enfrentan a penas de entre dos años y tres meses, y un año y medio de prisión, también por la presunta comisión de delitos de estafa y de receptación, con el fin de "crear artificiosamente la documentación por la que se aparentaba la solvencia". El juicio está señalado en principio hasta el próximo 27 de mayo.