El Ingreso Mínimo Vital protege ya a casi 28.000 hogares en Granada

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en diciembre a 27.921 hogares en Granada, cubriendo a un total de 84.640 personas. Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la cuantía media de la prestación ha sido de 539,97 euros mensuales por hogar, con una nómina total que ha ascendido a 16,63 millones de euros.

A finales de 2025, el número de beneficiarios ha crecido un 18,7% respecto al año anterior, sumando 13.357 personas más. De cara a 2026, la cuantía de las prestaciones se revalorizará un 11,4%, una medida incluida en el Real Decreto-ley de revalorización de las pensiones para garantizar su suficiencia.

Un perfil marcadamente femenino

El IMV tiene un marcado perfil femenino. El 70,4% de los titulares de la prestación en Granada son mujeres (19.681), y también son mayoría entre el total de beneficiarios, representando el 52,5% del total (44.497). Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a más de un millón de personas en la provincia.

Clave contra la pobreza infantil

Esta ayuda se consolida como una herramienta esencial en la lucha contra la pobreza infantil. Actualmente, el 39,6% de los beneficiarios en la provincia son menores de edad, lo que se traduce en 33.552 niños y adolescentes protegidos. De hecho, más de dos tercios de los hogares que reciben el IMV (19.004) tienen menores a su cargo, y de ellos, 4.170 son hogares monoparentales.

Para reforzar esta cobertura, existe el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que en diciembre llegó a 19.550 hogares con una ayuda media de 69,31 euros por menor. Esta prestación, que puede percibirse de forma independiente, establece cuantías de 115 euros para niños de 0 a 3 años, 80,5 euros para los de 3 a 6, y 57,5 euros para la franja de 6 a 18 años.

Requisitos para solicitar el IMV

El IMV es un derecho subjetivo de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a hogares vulnerables. Para solicitarlo, es necesario haber residido en España de forma legal y continuada durante al menos el año anterior. La unidad de convivencia debe encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, y la prestación es compatible con rentas del trabajo para favorecer la inserción laboral.