La Junta eleva a 933 millones el presupuesto de Justicia, Administración Local y Función Pública para 2026

El presupuesto de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública volverá a crecer el próximo año y alcanzará los 933.421.472 euros en 2026, lo que supone un incremento del 1,63% respecto al presente ejercicio. En el ámbito de la Justicia, el Gobierno andaluz ha aumentado esta partida en más de un 40% desde 2018, hasta llegar a 751.463.157 euros el próximo año. 

Estos presupuestos, cuya presentación en Córdoba ha contado con la presencia del consejero José Antonio Nieto, permitirán avanzar en el Plan de Infraestructuras Judiciales de Andalucía, con actuaciones relevantes en distintas sedes de la provincia. En Córdoba, el plan ya ha hecho posible la apertura del nuevo Complejo Judicial de Lucena, inaugurado hace un año, la rehabilitación de la sede judicial de Aguilar de la Frontera, y la eliminación de humedades y problemas de accesibilidad en el edificio de Montilla, donde los trabajos comenzaron recientemente con una duración prevista de nueve meses y un presupuesto de 539.839 euros.

El plan prevé también intervenciones en los juzgados de Peñarroya-Pueblonuevo, Posadas, Pozoblanco, Cabra, Montoro, Puente Genil y Priego, junto a la nueva sede judicial de Baena, que se acometerá mediante un modelo de colaboración público-pública. En total, la Junta destinará 56 millones de euros a inversiones dentro del Plan de Infraestructuras Judiciales en 2026, a través de fondos propios y de otras fórmulas de financiación.

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Además, una de las líneas destacadas será la eficiencia energética en las sedes judiciales andaluzas, con más de nueve millones de euros destinados a la instalación de placas fotovoltaicas y la renovación de sistemas de climatización e iluminación, con el objetivo de reducir el consumo energético y mejorar la sostenibilidad de los edificios. 

 Una Justicia más ágil, cercana y humana  

El Plan Estratégico de Justicia incluye diversas medidas orientadas a ofrecer un servicio más accesible y humano. Entre ellas destaca la creación de la figura del facilitador judicial, que acompañará a personas con dificultades de comprensión en los procesos judiciales, con una partida de 240.000 euros. También se refuerzan los Servicios de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) y los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), cuyos fondos aumentan un 7,5%, hasta superar los 6,2 millones de euros.

La mediación constituye otra de las grandes apuestas de la Consejería. En este ámbito, se destinarán más de 3,1 millones de euros a programas como el Servicio de Mediación Penal de Andalucía (Sempa), que en su primer año de funcionamiento ha evitado casi 150 juicios penales en Córdoba, y el Servicio de Mediación Civil y Mercantil (Semca), que se pondrá en marcha próximamente en toda la comunidad con una inversión de 1,4 millones.

Esta estrategia se desarrolla en paralelo a la aplicación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada por el Ministerio, cuya implantación requiere una adaptación tecnológica y organizativa con un coste total de 56 millones de euros para la Junta.

En materia de personal, el presupuesto incorpora un incremento de 16 millones de euros para la plantilla de Justicia, tras la creación de nuevas plazas y puestos de jefatura. En el caso de Córdoba, esta subida se traduce en 400.000 euros adicionales y la incorporación de ocho nuevos puestos. 

 Apoyo a los municipios y reto demográfico  

En el área de Administración Local, la Consejería destinará 5,2 millones de euros a subvenciones para mejorar infraestructuras municipales y paliar daños ocasionados por fenómenos meteorológicos. Además, se mantiene la aportación autonómica al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), con 65,7 millones de euros en toda Andalucía, de los que 10,2 millones corresponden a la provincia de Córdoba. Esta cifra se mantiene estable, ya que la aportación de la Junta depende de la del Estado, congelada por la prórroga de los Presupuestos Generales.

Otro de los ejes estratégicos será la primera Estrategia frente al Desafío Demográfico de Andalucía, que persigue atraer población a zonas rurales como Sierra Morena, el Guadiato o Los Pedroches, poniendo en valor sus oportunidades y buscando alcanzar los diez millones de habitantes en 2050 mediante un desarrollo equilibrado entre el medio urbano y el rural.

Por último, en el ámbito de la Función Pública, la Junta continuará desplegando la nueva Ley de Función Pública de Andalucía, que apuesta por procesos de selección más ágiles, la modernización de la administración y su digitalización. El Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) incrementará su presupuesto en un millón de euros, superando así los 16 millones, con el fin de mejorar la formación de los empleados públicos y adaptar los sistemas de gestión a las nuevas necesidades del servicio.