La CHG rechaza el proyecto de la Junta por ser “redundante, costoso y ambientalmente injustificado”

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha vuelto a cerrar la puerta a la autorización del proyecto impulsado por la Junta de Andalucía para ejecutar una nueva conexión entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, en el norte de la provincia de Córdoba. El presidente del organismo de cuenca, Samuel Moraleda, ha explicado este jueves en rueda de prensa que los técnicos que han evaluado la propuesta consideran que esta obra es completamente “redundante”, dado que ya existe una conexión operativa, ejecutada por el Gobierno central en 2023 a través de un procedimiento de emergencia.

Acompañado por la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López Losilla, Moraleda ha sido tajante al afirmar que no se trata de una decisión política, sino estrictamente técnica. “Los ingenieros que han redactado el informe desfavorable son funcionarios de carrera, independientes y sin ninguna instrucción por parte de sus superiores. Se han basado únicamente en criterios técnicos”, ha señalado.

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La obra que propone la Junta está valorada en 9,3 millones de euros y ya ha sido adjudicada, pero necesita la autorización de la CHG para poder comenzar. Esa autorización, a día de hoy, sigue sin visos de llegar. Según Moraleda, “la emergencia que resolvió el Gobierno central en 2023 supuso una inversión de 4,3 millones de euros, permitió bombear más de siete hectómetros cúbicos de agua entre marzo de 2023 y abril de 2024, y solucionó el problema real de abastecimiento cuando Sierra Boyera estaba prácticamente seco”.

En este sentido, el presidente de la CHG ha defendido que la infraestructura creada por el Gobierno no fue provisional. “No es una solución temporal, es definitiva. Está funcionando, cubre la demanda de los 80.000 habitantes de Los Pedroches y el Guadiato, y cumple con los estándares técnicos que aseguran su continuidad en el tiempo”, ha detallado.

El informe elaborado por los técnicos de la CHG, de más de 70 páginas, analiza en profundidad el proyecto de la Junta y sus alegaciones. Según Moraleda, el dictamen concluye que muchas de las actuaciones propuestas no son necesarias, comenzando por el caudal que se pretende bombear: “La Junta plantea extraer 600 litros por segundo, cuando el Plan Hidrológico de Cuenca establece una reserva hídrica que equivale a 96 litros por segundo. Es un planteamiento desproporcionado e injustificado”.

Además, ha añadido que incluso desde el punto de vista técnico es inviable, ya que la infraestructura actual no permitiría asumir ese caudal. “El depósito de Cuartenero, que es donde se bombea el agua antes de llegar a la potabilizadora de Sierra Boyera, solo puede asumir 340 litros por segundo como máximo. ¿Para qué diseñar entonces una captación para 600? No tiene sentido”, ha afirmado.

Otro de los argumentos clave de la CHG para rechazar el proyecto es el impacto ambiental que podría generar. Los técnicos alertan de que someter el dominio público hidráulico a una nueva actuación generaría una presión innecesaria sobre el medio natural y las zonas de influencia. A esto se suma la valoración económica: el proyecto de la Junta supondría un gasto adicional de unos ocho millones de euros sobre una infraestructura, insisten, que ya existe y funciona.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López Losilla, ha respaldado las declaraciones de Moraleda, insistiendo en que “no estamos ante una pugna política, sino ante una evaluación técnica y responsable”. A su juicio, “el Gobierno actuó cuando fue necesario, ejecutó una solución de emergencia que evitó el desabastecimiento en plena crisis hídrica, y ahora lo que corresponde es utilizar esa infraestructura de forma eficiente, no duplicarla sin justificación”.

Pese a las reiteradas peticiones por parte de la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba, que consideran esencial una nueva conexión para garantizar el suministro a largo plazo, la CHG mantiene su posición. El mensaje transmitido este jueves ha sido claro: la infraestructura construida ya cubre las necesidades, y el nuevo proyecto supondría un coste innecesario para las arcas públicas y un impacto evitable sobre el medio ambiente.

La polémica sigue abierta, y la decisión de la CHG complica el futuro de un proyecto largamente reivindicado por las administraciones andaluzas. Pero el organismo de cuenca no parece dispuesto a ceder. Tal como ha recalcado su presidente, “la prioridad debe ser garantizar el suministro con rigor técnico y respeto al entorno. Y eso ya se ha conseguido”.