El delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rafael Pasamontes, ha destacado que a lo largo de este año la Consejería habrá creado 800 nuevas plazas residenciales en Andalucía destinadas a personas mayores y con discapacidad. Se trata de una de las medidas incluidas en el plan para agilizar el sistema de la dependencia y aumentar el número de personas beneficiarias en la comunidad.

Pasamontes ha explicado que se van a destinar 2,3 millones de euros a concertar 550 nuevas plazas con entidades prestadoras de servicios tanto en residencias como en centros de día. Estas nuevas plazas se suman al incremento de 250 plazas ya contempladas para este 2021. Así, en total, se destinarán 750 plazas para centros residenciales (350 para personas mayores y 400 para personas con discapacidad), y 50 para atención a la discapacidad en centros de día. En la provincia de Almería serán 70 las plazas residenciales, 22 para personas mayores y 48 para personas con discapacidad.

“Cuando llegamos a la Junta, encontramos que tras casi 40 años de gobierno socialista había un déficit importante en el sistema de atención a la dependencia, con apenas 14 centros públicos”, ha enfatizado el delegado. “El cambio ha sentado bien a Andalucía, porque en sólo dos años de legislatura hemos concertado más de 1.565 plazas, frente a las 263 de los cuatro años anteriores”.

El nuevo incremento de plazas ha sido posible tras la modificación presupuestaria de 103 millones de euros aprobada este martes por el Consejo de Gobierno. La generación de créditos aprobada está encaminada a llevar a cabo las medidas necesarias para suscribir el convenio entre la Comunidad andaluza y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, tal y como establece el Plan de Choque estatal en materia de Dependencia, en el marco de cooperación interadministrativa. De esa cifra, 59 millones irán destinados a incrementar en 17.085 el número de beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia (SAAD), que a 31 de diciembre se situó en 228.551. “Nuestro objetivo es alcanzar a final de año las 250.000 personas beneficiarias y reducir aún más las listas de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes”, ha insistido Pasamontes. En Almería la previsión es incorporar a cerca de 1.600 personas más en este año.

Además, la Consejería quiere asegurar las condiciones laborales y profesionales de las personas que trabajan en el SAAD e introducir mejoras en los servicios y prestaciones para garantizar una atención adecuada. Así, el delegado territorial ha explicado que se ha aprobado con efecto retroactivo desde el 1 de enero un incremento del 2,6% en el coste de las plazas concertadas en centros residenciales, centros de día y de terapia ocupacional”, una medida que supondrá una inversión de 15 millones de euros. A ella se suma otra ayuda extraordinaria de 10,4 millones de euros para minimizar el impacto y los gastos derivados de la pandemia de coronavirus en estas instalaciones.

UNAS 700 CONTRATACIONES

Pasamontes ha explicado que se van a destinar 12 millones de euros para la contratación de personal con el objetivo de agilizar los trámites de la dependencia. En concreto, se dedicarán 5,5 millones para los Servicios Sociales Comunitarios de los ayuntamientos andaluces y 5,6 millones para la Agencia de la Dependencia y las delegaciones territoriales, lo que permitirá contratar a unas 700 personas, principalmente personal encargado de agilizar las Propuestas Individuales de Atención (PIA), que es el paso previo para obtener el recurso. De estas 700 contrataciones, 300 las ejecutarán las propias delegaciones y el resto los ayuntamientos. Así, Almería contará con un refuerzo de 33 personas adscritas a la delegación territorial.

“La atención a la dependencia es una cuestión de gran calado social, especialmente en una sociedad como la española y la andaluza, que está sufriendo un progresivo proceso de envejecimiento”, ha dicho el delegado, que ha resaltado la necesidad de un Pacto de Estado que blinde la prestación del servicio y garantice la financiación necesaria por parte del Gobierno central. Asimismo, Pasamontes ha apostado por un cambio de modelo hacia un sistema “más centrado en la persona y en sus necesidades, como el que tenemos en Andalucía”.

También en materia de personal, la Consejería de Igualdad se ha marcado como objetivo asegurar que las condiciones laborales y profesionales de las personas que trabajan en la dependencia sean adecuadas. Así, en Andalucía se ha incrementado en un 12,31% el coste/hora máximo del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), vigente desde el pasado 1 de marzo. Este incremento, que se produce después de 13 años congelado, supone que el coste de la hora quede fijado en 14,6 euros frente a los 13 euros de la última década.