El exvicepresidente Óscar Liria, octavo implicado en la nueva fase del caso Mascarillas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado un nuevo investigado en la segunda fase del caso Mascarillas, que investiga supuestos contratos irregulares y el cobro de comisiones en la Diputación de Almería. Con este, ya son ocho los presuntos implicados en la trama.

El último investigado es Óscar Liria, exvicepresidente tercero de la Diputación, quien ya fue arrestado en la primera fase de la operación en junio de 2021. A Liria se le atribuye un papel predominante en la supuesta trama de 'mordidas' a través de un contrato de más de dos millones de euros para la compra de material sanitario durante la pandemia. Aunque llegó a ingresar en prisión preventiva, Liria siempre ha rechazado su participación.

Cinco detenidos y tres investigados

En la operación han sido detenidos el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, y el vicepresidente segundo, Fernando Giménez, quienes han pasado la noche en dependencias policiales. También ha sido arrestado el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), cuyo hijo también fue detenido en 2021. Los detenidos pasarán a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería.

Además de Liria, otros dos empresarios han sido investigados y puestos en libertad. La causa judicial investiga presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, con diferentes responsabilidades atribuidas a cada uno de los implicados.

Registros durante más de diez horas

La jornada de registros del martes se extendió durante más de diez horas. La UCO examinó dependencias de la Diputación de Almería en compañía del presidente y el vicepresidente. También se registraron domicilios y sedes de empresas, principalmente en la comarca del Valle del Almanzora. Como consecuencia, el PP ha suspendido cautelarmente de militancia a García, Giménez y Sánchez.

La investigación apunta indicios de que los implicados "hubieran colaborado o, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber si destinatarios, entre otros".

El origen de esta segunda fase se remonta a junio de 2021, con la investigación de un contrato de urgencia valorado en más de dos millones de euros para la compra de material sanitario. El proveedor, sin embargo, no llegó a cobrar ni un millón de euros. Los indicios de 'mordidas' en esa operación han llevado a extender las pesquisas a otros contratos de obras y servicios, algunos vinculados al Ayuntamiento de Fines.