SEO recuerda "lleva años" señalando la caza de tórtolas denunciada por Europa

La asociación conservacionista SEO/BirdLife "lleva años denunciando" el incumplimiento de la normativa ambiental sobre la tórtola europea (Streptopelia turtur) que hoy ha llevado a la Comisión Europea a abrir procedimiento de infracción a España por permitir la caza de esta especie en peligro y no proteger su hábitat.

Así lo explica la organización en un comunicado, en el que recuerda que en España sólo cuatro comunidades autónomas -Asturias, Cantabria, Canarias y la Comunidad Valenciana- han aprobado moratorias a su caza, pese a existir desde 2018 un Plan de Acción Europeo para la conservación de la especie que contempla esta medida de urgencia.

SEO/BirdLife recuerda que la Directiva de Aves obliga además a los Estados miembros a mantener los niveles poblacionales de todas las especies de aves, especialmente de las migratorias, a asegurar suficiente diversidad de hábitats dentro y fuera de los espacios protegidos y a garantizar que la caza de cualquier especie no ponga en peligro los esfuerzos de conservación.

Pese a que la normativa aconseja no autorizar el aprovechamiento cinegético de la tórtola europea como mínimo hasta que sus poblaciones se recuperen, en la última temporada de caza se ha permitido un volumen de capturas similar a la anterior, lo que podría haber supuesto la muerte de unos 800.000 ejemplares en España, denuncia el comunicado.

Según datos de la organización, la población de tórtola europea en España ha descendido un 25 por ciento en dos décadas, y en el conjunto de la Unión Europea lo ha hecho entre un 50 y un 70 por ciento, mientras que en países como el Reino Unido el declive ha sido del 90 por ciento.

SEO/BirdLife indica que la agricultura intensiva, la pérdida de los barbechos o la eliminación de arbustos y demás vegetación en las lindes de fincas y caminos suponen también una amenaza para esta especie ligada a los ambientes rurales.

Ana Carricondo, coordinadora del área de Conservación de la ONG, ha subrayado que el procedimiento de infracción "debería servir para que todas las administraciones y todos los países de la UE empiecen a tomarse en serio el declive de la biodiversidad, el mayor desafío ambiental que encara la humanidad, junto a la crisis climática".

Para David de la Bodega, responsable del programa legal de SEO/BirdLife, "España cerró 2018 como el país con más infracciones ambientales abiertas de la Unión Europea y ya lleva cuatro en 2019, lo que refleja la falta de compromiso con nuestras obligaciones".