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Greenpeace vigilará con un observatorio ambiental el Plan de Recuperación

La organización ecologista Greenpeace ha puesto en marcha La Lupa Verde, un observatorio ambiental y social con el que analizará la transparencia, el seguimiento y el cumplimiento del Plan de Recuperación en los diferentes sectores y vigilará falsas soluciones o impactos adversos sobre el medio ambiente.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 13:25

La organización ecologista Greenpeace ha puesto en marcha La Lupa Verde, un observatorio ambiental y social con el que analizará la transparencia, el seguimiento y el cumplimiento del Plan de Recuperación en los diferentes sectores y vigilará falsas soluciones o impactos adversos sobre el medio ambiente.

La Lupa Verde ofrecerá datos en abierto y en tiempo real, por lo que la información se irá actualizando puntualmente en su web, según se vayan aprobando y ejecutando las distintas actuaciones, ha informado este miércoles la organización en un comunicado.

Concretamente, el observatorio pondrá la lupa verde en la ejecución de las inversiones para la transición ecológica del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: España Puede.

Con ello, se pretende evitar la burbuja del hidrógeno y garantizar que se cambian los patrones de movilidad y el modelo de ciudad (más amigables con las personas y el planeta), que las comunidades energéticas juegan un papel relevante en la transición energética y que se transforma también el modelo agroalimentario.

"Los fondos para la recuperación económica son una oportunidad única para transformar el sistema. El gran reto está en entender que, además de una revolución tecnológica, tenemos que replantearnos aspectos tan esenciales como cómo nos movemos, cómo consumimos o cómo generamos nuestra energía, ha asegurado la responsable de la Unidad Política de Greenpeace, Alicia Cantero.

"Este cambio -ha incidido- va más allá de sustituir unos combustibles por otros: necesita una transformación profunda que ponga a las personas en el centro y tenga en cuenta la desigualdad socioeconómica y los límites del planeta".

Según Greenpeace, "es especialmente relevante" vigilar que los fondos no sean acaparados por las grandes empresas con mayor capacidad económica y tecnológica.

Para evitarlo, señalan, el Gobierno tiene que facilitar el acceso a los fondos de pymes y micropymes, empresas de economía social, sostenible y solidaria y personas autónomas, y aquellos sectores y clusters cuya actividad contribuya a una recuperación verde, justa y equitativa, que corrija también el desequilibrio territorial.

El observatorio de Greenpeace tendrá una mirada escrutadora sobre la evolución del empleo y el impacto de la utilización de los fondos en la creación de nuevos puestos de trabajo, que, según cálculos del Gobierno, se generarán aproximadamente unos 800.000 empleos.

Asimismo, se mirará con lupa los aspectos de transparencia, la medición y evaluación del impacto real del plan o el incumplimiento de los objetivos de transversalidad (combatir la brecha de género y el desequilibrio territorial) que se puedan producir.

Según la ong, el observatorio prestará especial atención a áreas como: energía incidiendo entre otros puntos en las renovables, autoconsumo, almacenamiento, eficiencia energética en la rehabilitación de edificios y desarrollo del hidrógeno verde, entre otros aspectos.

Asimismo, en movilidad, ciudades y consumo o medio rural.

Además, la Lupa Verde analizará según vayan aprobándose los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (Perte).

Y pondrán especial atención a las "posibles falsas soluciones", en la fase de ejecución del Plan España Puedes, relacionadas con inversiones y reformas presentadas.

Para ello han puesto en marcha un sistema de alarmas sobre la posible regresividad fiscal, el aumento de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) o el aumento de emisiones contaminantes diferentes a GEI.

Asimismo, el aumento de los vertidos líquidos contaminantes, el aumento de la generación de residuos, las actuaciones que contribuyen a la vulneración de los derechos humanos y la posible contribución a la corrupción o la falta de transparencia.

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