El Congreso de los Diputados celebrará la próxima semana el debate de totalidad del proyecto de ley de residuos y suelos contaminados, una norma destinada a prevenir y reducir el impacto de determinados productos de plástico en la salud humana y el medio ambiente y a actuar sobre los suelos contaminados.

El debate tendrá lugar en la sesión plenaria convocada para el próximo jueves en la Cámara Baja, donde está previsto analizar el contenido del proyecto de ley que aprobó el Gobierno en Consejo de Ministros el pasado 18 de mayo con el objetivo de reemplazar la ley vigente desde 2011.

Según han informado fuentes parlamentarias, está previsto que en la misma sesión plenaria se debata y se vote la enmienda a la totalidad que ha presentado el grupo parlamentario Vox en la que piden la devolución del proyecto de ley al Gobierno, al considerar que desarrolla un modelo de gestión que se caracterizará por "más dirigismo estatal y supraestatal, más trabas burocráticas a empresas y más impuestos".

El grupo proponente considera además que el texto "lesiona" la libertad de mercado y de emprendimiento, que sus cambios implican un encarecimiento de productos y procesos y también que "no distribuye competencias claras de control o fiscalización, aunque sí establece un régimen sancionador".

En caso de que la enmienda de devolución no prospere, el proyecto de ley de residuos continuará su tramitación en los términos del texto original, pero si se aprueba, la iniciativa no se tramitará y se devolverá al Gobierno.

La nueva ley inicia de este modo su andadura parlamentaria con el objetivo final de prevenir y reducir la generación de residuos y de determinados productos de plástico y los impactos adversos de su gestión, con especial atención al medio acuático; mejorar la eficiencia de uso para proteger el medio ambiente y la salud humana, y efectuar la transición a una economía circular y baja en carbono.

Entre las novedades de la nueva normativa figuran dos nuevos impuestos verdes: uno a los envases de plástico de un solo uso y otro al depósito en vertedero e incineración, con el objetivo de reducir en un 15 % la generación de desechos en 2030 respecto a 2010.

Entre los plásticos de un solo uso sujetos a reducción figuran los vasos para bebidas, incluidos sus tapas y tapones, y los recipientes alimentarios destinados al consumo inmediato, cuya comercialización ha de reducirse paulatinamente hasta llegar a la prohibición de su distribución gratuita a partir de 2023.

La ley también incorpora medidas para otros plásticos como artículos monodosis, anillas y palitos de plástico de sujeción para sustituirlos por otros materiales, y prohíbe las pajitas, bastoncillos, cubiertos, platos y cualquier producto hecho con plástico oxodegradable y microesferas plásticas de menos de cinco milímetros.

Además, se incrementarán las tasas de reciclado de residuos municipales cinco puntos porcentuales cada cinco años desde 2020, a la vez que reducirá los recipientes alimentarios y los vasos de plástico de un solo uso hasta un 70 % en 2030.

Asimismo, contempla reducir a la mitad los alimentos desechados en el hogar, en hoteles, restaurantes y cafeterías; rebaja un 20 % las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y prohíbe destruir excedentes no vendidos de textiles, juguetes o aparatos eléctricos y la suelta intencionada de globos.

Amplía también la recogida separada de biorresiduos domésticos a partir de 2022 y a los residuos textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos a partir de 2025.

Otra de las novedades de la nueva normativa es la obligación de que la hostelería ofrezca a los clientes agua del grifo en lugar de envasada; la reducción del agua embotellada en dependencias y espacios públicos, salvo en centros sanitarios, así como la regulación de las toallitas, globos o artes de pesca, y la creación de un Inventario Nacional de descontaminaciones voluntarias de suelos contaminados.