Distintos juzgados de lo Social siguen fallando a favor de los toreros en sus demandas interpuestas contra el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para reclamar el derecho a recibir la prestación extraordinaria para artistas en espectáculos públicos, establecida tras el estado de alarma por el Ministerio de Trabajo.

Desde que a finales de enero se conociera la primera sentencia del Juzgado de los Social número 2 de Alicante, a favor del banderillero Juan Carlos Pascual, se han dictado otras tres que también han dado la razón a los subalternos Víctor García "El Víctor" y Manuel de los Reyes, en Logroño, y Gregorio Rodríguez, en el juzgado número 30 de Madrid.

Por tanto, son ya cuatro los jueces que, en los otros tantos juicios celebrados, han reconocido ese derecho de los toreros que consideran "una grave discriminación" las sucesivas negativas que las delegaciones provinciales del SEPE han dado a sus reclamaciones, a pesar de que un Real Decreto de 1985 les reconoce dicha condición de "artistas en espectáculos públicos".

Antonio José Martínez, abogado de la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros, sindicato que reúne a la gran mayoría de subalternos, cree que, aunque estas sentencias no sientan jurisprudencia, las decisiones a su favor de los distintos juzgados dan a los toreros "una gran fuerza de cara a las reivindicaciones frente al Ministerio de Trabajo que quiso discriminarnos arbitrariamente".

El abogado aseguró a Efe que, hasta finales del próximo mes de junio, una treintena de banderilleros y picadores de toda España tienen ya fijada fecha de juicio, como el que se celebrará el 25 en Alicante por la demanda de Álvaro Oliver.

"Aunque el SEPE ha recurrido tres de estas sentencias a nuestro favor, con el único fin de retrasar los pagos de unas prestaciones a las que tenemos claramente derecho, los jueces nos cargan de razón para pedir a la Dirección General de Trabajo que se deje de una vez de negativas y, por el bien de todos, evite que tengamos que seguir llegando hasta los tribunales", considera Martínez.

"Además -continúa- muchas de esas demandas, más de cuarenta de las casi cien que se han interpuesto, pertenecen a Andalucía, donde la Justicia lleva muchísimo retraso, hasta el punto de que algunos juzgados no han contestado aún a muchos expedientes y el resto de juicios se han fijado para finales de 2023, dentro casi de dos años, lo que no soluciona los problemas urgentes de nuestros afiliados".

El pasado verano, durante las protestas que mantuvieron los subalternos frente al Ministerio de Trabajo, el ganadero Victorino Martín, como presidente de la Fundación del Toro de Lidia, acusó a la ministra Yolanda Díaz de prevaricar contra la tauromaquia "anteponiendo la política indentitaria de su grupo, Unidas Podemos, a la justicia y a la protección de la clase trabajadora".