La Seguridad Social reclama a una médica jubilada que trabajó en la atención primaria de Manresa (Barcelona) la pasada primavera, durante la primera ola de la pandemia, que devuelva los 3.000 euros correspondientes a la pensión que recibió mientras estaba contratada.

Tal como han avanzado Betevé y La Vanguardia y han confirmado a Efe fuentes del Colegio de Médicos de Barcelona, que la asesora jurídicamente, la Seguridad Social exige a la médico Anna Vidal que abone el importe de parte de su prestación por jubilación al considerarla "incompatible" con el contrato que firmó.

Vidal, jubilada desde septiembre de 2019, decidió regresar al trabajo después de que la Generalitat instara a los sanitarios ya retirados a reforzar el sistema sanitario, en riesgo de colapso por la pandemia de coronavirus.

Para ello, acudió a la Fundació Althaia, una entidad privada responsable de la gestión de los centros de atención primaria de Manresa, que le hizo un contrato laboral y la destinó a hacer seguimiento telefónico de pacientes con covid-19.

Sin embargo, la orden con la que el Ministerio de Sanidad permitió que los trabajadores sanitarios volvieran a sus puestos para ayudar en el combate contra la covid-19 sin dejar de cobrar su pensión contemplaba únicamente los contratos estatutarios, es decir, los vinculados a centros del Institut Català de la Salut (ICS).

Debido a ello, en noviembre de 2020 le llegó una notificación en la que se le informaba que era "incompatible" el cobro de una parte de su pensión con el contrato que realizó y ahora le descuentan cada mes 400 euros hasta completar los 3.000 que le pide la Seguridad Social.

Para tratar de evitarlo, ha presentado ya un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero dada la ambigüedad de la orden ministerial, no tienen claro que vayan a ganar.

De hecho, el Colegio de Médicos de Barcelona tiene constancia de otros dos profesionales jubilados en la misma situación, pero asegura que debe haber más sanitarios perjudicados puesto que la sanidad catalana depende, en gran medida, de conciertos entre entidades públicas y privadas.

La institución ha instado así a la administración a llevar a cabo cambios normativos para evitar que la Seguridad Social penalice a los médicos retirados que se reincorporan en pandemia, especialmente de cara a la campaña de vacunación, cuando Salud ha vuelto a pedir manos de profesionales ya jubilados para acelerar la inyección de las dosis.